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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y, en concreto, el Sector de Administración General de las Comunidades Autónomas, en representación de los Agentes Medioambientales, ha presentado hoy alegaciones al Borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado mediante el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para trasponer la DIRECTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas., adjuntando por escrito todas aquellas sugerencias, alegaciones o propuestas de modificación que interesa se contemplen en el texto que se somete ahora a consideración para su aprobación ante el Consejo de Ministros.
Existe una constancia histórica del uso de armas de forma general por parte de los agentes forestales en España. Ya en el año 1846, el Reglamento vigente permitía para su seguridad personal el uso de una carabina. En 1869, los Sobreguardas portaban carabinas cortas a las que se podía acoplar una bayoneta, así como un machete. Desde entonces se siguieron portando armas largas hasta principios de 1980, cuando se planteó nuevamente la necesidad de disponer de armas cortas. A partir de 1981, se comenzaron a distribuir armas cortas entre la Guardería Forestal.
En el Reglamento de Armas vigente entonces, (Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, sobre el Reglamento de Armas) estaba previsto en su artículo 116 que los titulares de una licencia tipo S (Seguridad Pública) que era la que poseían entonces los agentes forestales, pudieran documentar armas de la 2ª categoría (armas cortas de fuego, fueran pistolas o revólveres), 3ª (armas largas para guardería) o 5ª (armas largas de ánima lisa, escopetas). Posteriormente, se promulgó el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y en los últimos años ha visto la luz una modificación conforme al Real Decreto 976/2011, de 8 de julio.
Inexplicablemente, a los Agentes Forestales y Medioambientales de todo el Estado, aun siendo funcionarios públicos agentes de la autoridad y con carácter de policía judicial, una policía mixta perteneciente a cuerpos oficiales de la Administración, se les sitúa dentro del ámbito que regula el artículo 121, que es la seguridad privada, asignándoles la licencia tipo C, cosa que escapa también a la comprensión incluso de varias Intervenciones de Armas de la Guardia Civil en todo el Estado.
Desde CSIF no hemos podido llegar a entender cuál fue el criterio utilizado para semejante decisión, cuando por ejemplo, el Servicio de Vigilancia Aduanera, S.V.A, en situación jurídica idéntica a los AAFF, ya que es una policía administrativa especial sin ser Cuerpo ni Fuerza de Seguridad ni depender del Ministerio del Interior, sino de la Agencia Tributaria, tiene una lógica inclusión en el citado Reglamento como funcionarios de policía que son.
En la práctica, para los Agentes Forestales esto supone lo siguiente: además de las funciones de vigilancia, para las que se utiliza la licencia tipo C, si un agente forestal ha de realizar algún tipo de gestión de fauna, necesitará la licencia tipo E (escopeta) si se trata de aves o animales pequeños en general, y la tipo D (rifle) si se trata de animales de gran tamaño. Por otra parte, si dispone de armas anestésicas, necesitará la autorización expresa para su utilización.
Así pues, un agente forestal necesita cuatro licencias diferentes para poder trabajar, en función del servicio a realizar, y de éstas, dos son de carácter personal, la E y D, que son nominales del propio agente. No termina ahí el problema pues se en revesa aún más. Esas licencias no se corresponden realmente con la tarea a realizar ya que la gestión de fauna por daños, enfermedades o control de poblaciones no puede considerarse dentro de la definición de caza y no deberían documentarse con estas licencias las armas que utilizan los agentes para ese cometido. Bastaría aplicar una lógica sencilla y dotar al agente forestal amparo en el uso de armas con su tarjeta profesional, al igual que sucede con el resto de funcionarios que ejercen funciones similares.
Un sinfín de sinsentidos que al final han ido llevando de facto, a la supresión casi total de las armas del colectivo policial que más gente armada inspecciona en este país.
Observando la situación sobrevenida por esta inconsistencia normativa, las funciones encomendadas a los agentes forestales y el evidente e inherente riesgo de muchos de los servicios que realizan, no se atisba a entrever cuál es el problema real o la motivación para que en un panorama nacional con cerca de 3 millones de armas legales, de las que un 75% son escopetas y un 11% rifles para la práctica de la caza, se pongan tantos impedimentos legales para que este colectivo, de unos 6500 agentes, acceda a una habilitación legal lógica, concordante y proporcionada, como el resto de los colectivos encargados de velar por la seguridad pública y la persecución de delitos.
En concreto el enfoque dado por CSIF con las alegaciones intenta que los Agentes en cuestión tengan acceso a una herramienta de trabajo y de seguridad primordial en infinidad de situaciones de interpelación en su servicio diario. Para ello es necesaria la herramienta jurídica que ahora se trata de modificar y debe amparar todas las situaciones en las que sea necesario el uso de arma de forma práctica y sencilla a semejanza con otros cuerpos, planteando varias alternativas.
No podemos seguir impasibles ante los asesinatos como los de los Agentes Rurales por los que recientemente se ha juzgado al asesino en Cataluña, y ante el imparable aumento de agresiones que sufren los Agentes por todo el territorio nacional, esperamos reunirnos pronto con el Ministerio del Interior para tratar el tema.
