CSIF teme el desmantelamiento del Laboratorio de Salud Pública del Hospital Monte San Isidro

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de León teme el “progresivo desmantelamiento” del Laboratorio de Salud Pública del Hospital Monte San Isidro, que está propiciando la Junta.

0
INSTALACIONES DEL HOSPITAL MONTE SAN ISIDRO

Ahora León / CSIF

 “El interés de la Junta de Castilla y León por desmantelar los servicios públicos no se detiene, no importándole que ahora el objetivo haya sido el Laboratorio de Salud Pública, ubicado en el Hospital Monte San Isidro, perteneciente al Servicio Territorial de Sanidad de León”, lamenta CSIF. En este servicio hay 6 plazas en la RPT de Personal de Servicios (limpieza), de las cuales dos ya han sido retiradas del concurso de traslados “sin causa justificada”, indica CSIF. “En julio de 2017 se jubiló una trabajadora, en febrero y mayo de 2018 quedaron 2 vacantes más por el sistema de concurso de traslados del personal laboral de la Junta de Castilla y León, y ninguna de las 3 plazas fueron cubiertas por personal de la bolsa de empleo”, añade CSIF.

Pero la alarma salta “una vez más, con la contratación de la empresa privada EULEN, para cubrir una incapacidad temporal de una trabajadora de la limpieza del Laboratorio de Salud Pública, cuando está vigente una bolsa de empleo para esa categoría desde el año 2008. El resto de Las consejerías y organismos autónomos dependientes de la Junta de Castilla y León hacen uso de ella para cubrir vacantes, incapacidades temporales, liberaciones sindicales, reducciones de jornadas…”. CSIF recuerda que, a primeros de año de 2018, ese laboratorio estuvo ya varias semanas sin personal de servicios, “con los problemas que conllevó esta situación para el resto del personal”.

Mientras se desmantelan servicios, la Junta de Castilla y León “continúa financiando a empresas privadas; yendo un paso más allá de las privatizaciones con la financiación de entes privados en detrimento de los servicios públicos de calidad y para todos”, según CSIF, que se pregunta que “hasta cuándo vamos a seguir con estas actitudes. Lo que ahora denunciamos puede ser el principio de otra privatización de un servicio público que la Junta de Castilla y León debe dar al ciudadano y que, como es habitual, comienza con la reducción de personal y servicios, para luego justificar el no funcionamiento de este y la cesión a manos privadas”.