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El Consejo de Ministros ratificó a finales de diciembre el acuerdo previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que asignó a Castilla y León un objetivo de deuda del 19,8 % del PIB autonómico, tras revisar el inicialmente fijado como consecuencia de la ampliación del límite de déficit al 0,7 % para las comunidades.
Aunque la estadística del organismo regulador refleja un porcentaje mayor, del 20,4 %, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública establece lo que técnicamente se denominan márgenes adicionales de endeudamiento a efectos de verificar el cumplimiento del objetivo.
En concreto, considera una excepción la deuda asociada al exceso de déficit del ejercicio 2015. A este respecto, cabe recordar que fue la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien en abril del año pasado logró arrancar al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, el compromiso de que este último concepto no se contabilizara a la hora de determinar si las autonomías respetaban el techo de deuda.
De este modo, a la vista de las cifras publicadas hoy por el supervisor bancario, puede afirmarse que la Junta ha cumplido en 2016 su compromiso en materia de deuda pública, como también lo ha hecho con el déficit. Además, la Comunidad ha cerrado el ejercicio como la octava más saneada del país, por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, Navarra, La Rioja, Galicia y Asturias.
El Banco de España incluye en el balance de Castilla y León los préstamos suscritos en 2015 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) por importe de 2.053 millones de euros y las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión a instituciones financieras de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas.
Asimismo, contempla los préstamos para proyectos de colaboración público-privada y los formalizados por el Gobierno de la Comunidad para apoyar a las empresas –por importe de 424 millones financiados en su mayoría por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) –, por los que se recuperan para las arcas autonómicas tanto el capital como los intereses correspondientes.
