«Desde CGT consideramos que estamos ante el mayor ERE encubierto de la historia de la Administración Pública»

En CGT entendemos que es necesaria la consolidación del empleo temporal, pero no de cualquier forma. No se puede permitir un proceso que pone en el precipicio a más de medio millar de trabajadoras y trabajadores.

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Ahora León / Comunicado CGT

Desde CGT–Sección Sindical Ayuntamiento de León, queremos expresar nuestra preocupación por las noticias aparecidas en los diferentes medios de comunicación, sobre la aprobación de la Oferta Pública de Empleo 2018, publicada el jueves 20 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia. Asistimos atónitas a este anuncio, porque nadie ha informado a la plantilla de absolutamente nada en relación a la situación actual de este proceso, que puede traernos uno de los mayores dramas sociales de la historia de esta ciudad.

Esta Oferta Pública de Empleo, afecta a más de medio millar de personas indefinidas no fijas y e interinas, que llevan desempeñando su labor durante décadas y que se ven abocadas ahora a la incertidumbre de superar un proceso, que presumiblemente va a dejar en la calle a muchísimas de ellas. El objetivo del Ayuntamiento es que estas plazas salgan convocadas en un proceso de turno libre, en el que cualquier ciudadana va a poder concurrir. El Ayuntamiento de León y los sindicatos que apoyan esta Oferta Pública de Empleo (nos consta que todos, excepto el Sindicato STIL), están pensando en estabilizar plazas, pero no piensan en las personas, y creemos que esto es intolerable.

Desde CGT consideramos que estamos ante posiblemente, el mayor ERE encubierto de la historia de la Administración Pública, ya que para el Ayuntamiento, en este caso, parece ideal quitarse de encima al personal con unos derechos adquiridos a lo largo de los años, para sustituirlas por otro que entraría sin ellos. Sin embargo, el Ayuntamiento está vendiendo este proceso como la mayor oferta de empleo de la historia y las trabajadoras y trabajadores tenemos que ser conscientes de que esto no es cierto. No se está creando empleo como se está vendiendo a la ciudadanía, pues las plazas que van a convocar ya están siendo ocupadas por personas. Tampoco se va a consolidar a las indefinidas no fijas, como se está vendiendo al personal laboral municipal. Como decíamos antes, este proceso podría consistir en cambiar a unas personas por otras, y además a menor coste.

Entendemos que el órgano que tiene que llevar a cabo las negociaciones, en el ámbito del personal laboral indefinido no fijo, es el Comité de Empresa. El Comité de Empresa es el órgano de representación del personal laboral pero no se ha reunido, en relación a este proceso, en toda la legislatura, ni mucho menos ha informado a trabajadoras y trabajadores en ningún momento, sobre las negociaciones  que los sindicatos están llevando a cabo con el Ayuntamiento en un órgano paralelo. Este órgano paralelo es una mesa técnica no vinculante, en la que la mayoría de sus miembros son ajenos a este proceso de “estabilización del empleo temporal” del personal indefinido no fijo o interino Proceso que puede dejar en la calle, después de décadas de trabajo, a trabajadores y trabajadoras que no son responsables de la negligencia de los representantes políticos que en más de tres décadas no han convocado ni una sola de estas plazas y ahora quieren vendérselas a la ciudadanía como oferta pública de empleo.

Tampoco  se han trasladado cuestiones que tienen que ver con los criterios seguidos para que más de cien plazas de personal laboral indefinido no fijo, se hayan modificado en esta Oferta Pública de Empleo, para ser convocadas como de Personal Funcionario. Revisando la oferta no somos capaces de identificar un criterio objetivo para que algunas pasen a ser plazas de Funcionariado y otras sigan siendo de Personal Laboral.

En CGT entendemos que es necesaria la consolidación del empleo temporal, pero no de cualquier forma. No se puede permitir un proceso que pone en el precipicio a más de medio millar de trabajadoras y trabajadores.

Por todo lo expuesto exigimos:

  • Paralizar cualquier proceso de convocatoria que no ofrezca el 100 % de garantías, de que las personas que están ocupando esas plazas, se van a quedar. Seguir adelante con este proceso, podría suponer que el Ayuntamiento tenga que hacerse cargo de indemnizar e incluso readmitir a estas personas y al pago de sus salarios durante el tiempo que duren los juicios, es decir, muchos millones de euros y posibles responsabilidades patrimoniales de las que tendrán que responder los gestores públicos con el dinero del contribuyente, igual que pasó en el anterior ERE.
  • Que el Comité de Empresa convoque asambleas periódicas durante el proceso de negociaciones que se vayan a llevar a cabo para que seamos los trabajadores y trabajadoras  las que aprobemos el camino y la estrategia a seguir en este proceso, con total transparencia y dándonos el poder que nos corresponde legítimamente, el poder decidir sobre nuestro futuro. Cualquier acuerdo que el Comité de Empresa, o cualquier mesa técnica tome sin el consentimiento de las trabajadoras, será considerado ilegítimo.
  • Que el Gobierno del Estado, apruebe una Ley Orgánica de carácter transversal para la aplicación del artículo 61.6 del TREBEP a todas las personas empleadas públicas temporales afectadas (incluyendo a las indefinidas no fijas) con independencia de su distinta regulación legal, que permita introducir las modificaciones necesarias para habilitar un proceso de regularización mediante un concurso de méritos basado en el cómputo de la antigüedad como único mérito objetivo de valoración, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico.

Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas no puede ser admitida.