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El pasado jueves, las Cortes de Aragon aprobaron por unanimidad la Ley de igualdad y protección integra contra la discriminación por orientación sexual, pasando a ser la decimotercera autonomía en crear normas al respecto. Sólo Asturias, Castilla y León, La Rioja y Castilla – La Mancha carecen de este tipo de leyes, que reconocen derechos a las personas trans, facilitan los procesos de reproducción asistida, combaten el acoso escolar por motivos LGTBIfobos y, en general, fomentan la igualdad de toda la ciudadanía.
En el caso castellano y leónés, la Ley de Igualdad Social LGTBI+ ha sufrido varios vaivenes. Inicialmente consensuada entre Junta, oposición y colectivos de lesbianas, gays, trans, bisexuales y más (agrupados en la FeCyLGTBI), hasta que a finales del 2017, la Junta decidía descolgarse del proyecto de Ley. En marzo de 2018, las asociaciones y partidos opositores registraban la Proposición de Ley.
El pasado 13 de junio, y contra todo pronóstico, la Ley superaba su primera votación, la toma en consideración. Alejándose de la disciplina de voto, el sí de la popular Silvia Clemente, presidenta de la cámara, rompía el empate entre PP y oposición.
Conseguida esta primer meta, la Proposición ha pasado los últimos meses paralizada, mientras los plazos de enmiendas se prorrogaban. El 23 de noviembre, también con el voto favorable de Silvia Clemente, la norma salía de un cajón para entrar en otro, a la espera de la Comisión que debe debatirla.
AWEN pone en relieve la contradicción que supone que, mientras el PP de Aragón vota a favor de una ley similar, afirmando que “normaliza lo que para muchos sigue siendo diferente”, los populares castellanos y leoneses la bloquean y paralizan arguyendo que no puede aprobarse la norma autonómica antes que la estatal. Piden también a este partido que dé un paso al frente y permita a las personas LGTBI+ de la comunidad vivir más dignamente de acuerdo con su orientación afectiva y sexual o su identidad de género
