Ahora León / IU León
Las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio están en lucha por conseguir un convenio justo en el que se reconozca el valor del trabajo que realizan y erradique la precariedad tanto salarial como laboral. Izquierda Unida se suma al apoyo de esta huelga por considerarla justa ya que afecta a las condiciones laborales y retributivas de un colectivo vital para una provincia como León, con una alta población dependiente.
“Es un sector en el que las mujeres representan una mayoría, por lo tanto la precariedad al que se somete a este servicio, esencial para una comunidad envejecida como la de León, refleja la perversidad del discurso neoliberal que condena a las mujeres a asumir trabajos mal pagados y a no ver reconocidos sus derechos laborales”, como asegura el Procurador de IU-Equo en las Cortes, José Sarrión.
El convenio que regula esta actividad está atascado desde el pasado mes de enero, y desde entonces se han agravado las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de este sector en nuestra provincia. La postura de Izquierda Unida siempre ha sido clara en relación a la gestión de la ayuda a domicilio, servicio que empeora derivado de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que se ven precarizadas para poder aumentar el beneficio empresarial. La formación califica de intolerable que el sector privado se beneficie a través de servicios públicos esenciales, como son los servicios sociales básicos en una provincia tan envejecida como León.
“Desde Izquierda Unida apoyaremos todas las acciones que realicen los y las trabajadoras de ayuda a domicilio. No aceptamos la precariedad como moneda de cambio, ni la idea de que es mejor un trabajo mal pagado y en condiciones precarias que no tener nada” ha indicado la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida, Eloína Terrón, “la responsabilidad de esta situación está en una administración que abandona y privatiza los servicios públicos, que mercantiliza las necesidades de los sectores más débiles de la sociedad y que degrada las condiciones de los y las trabajadoras”.
El convenio afecta a más de 5.000 trabajadoras y trabajadores en Castilla y León que prestan su servicio a cerca de 25.000 personas dependientes, de las cuales, en la provincia de León, el número aproximado de trabajadoras y trabajadores es de 800.
