Ahora León / Universidad de León
En respuesta a las declaraciones del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León aparecidas en los medios de comunicación, queremos manifestar lo siguiente:
En julio de 2016 se iniciaron contactos y, posteriormente, reuniones con el Presidente y otros representantes del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León, así como con profesionales de Ponferrada. En ellas pusimos de manifiesto la intención de implantar el Grado de Podología en el Campus de Ponferrada y nuestro interés por contar con la colaboración de los podólogos de León y de dicho colegio en la elaboración del plan de estudios, en la realización de las futuras prácticas, así como en posibles cursos de especialización.
Desde el primer momento respondieron negativamente a la implantación del Grado en Podología, esgrimiendo como razón principal, prácticamente única, el según ellos excesivo número de podólogos, sin especificar cifras, ni por habitantes en España ni comparación con otros países del entorno, etc.
Nos parece grave que, en su comunicado, el Colegio Oficial de Podólogos manifieste que la decisión de la Universidad de León afectará negativamente a los futuros estudiantes de Podología y, sobre todo, “a los pacientes que verán a medio plazo empeorar el servicio sanitario en esta área”. Es igualmente grave que se diga que nuestro objetivo es únicamente “emitir títulos de Podología perjudicando a los estudiantes, profesionales y pacientes” calificando como ocurrencia una decisión estratégica, apoyada por la Junta de Castilla y León, que reforzará la oferta de Ciencias de la Salud y que corrobora la apuesta del actual equipo de gobierno por el Campus de Ponferrada. En España hay 9 universidades públicas y 4 universidades privadas que imparten este Grado, con mayor demanda que oferta de plazas.
Los Grados en Podología están regulados por la Orden Ministerial CIN728/2009 de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Podólogo, y el R.D. 420/2015 de 29 de mayo de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. En ningún caso la Universidad de León dejará de cumplir las exigencias de las mismas porque esa es nuestra voluntad e interés y porque no puede dejar de hacerlo. Las Agencias de Calidad, como la de Castilla y León, evalúan y verifican las propuestas de títulos y su posterior implantación y si no se cumplen los requisitos no se autorizan y los estudios de Podología de la Universidad de León estarán debidamente evaluados y aprobados por las Agencias de Calidad oficiales. Se cumplirán, sin ninguna duda, los requisitos que nos piden y los estudiantes se graduarán con todas las garantías. Decir lo contrario es, además de dañar la imagen de la Universidad de León, confundir a la sociedad.
En su comunicado el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León afirma que “la Universidad de León no cesa en su empeño de que pongamos a su servicio nuestro tiempo, conocimiento, clínicas y pacientes para que pueda cumplimentar formalmente los créditos prácticos del currículo académico”. En lo relativo a las prácticas, también queremos manifestar que, aunque nos gustaría contar con la participación de los profesionales de León, nunca se ha pretendido que sean ellos exclusivamente los que lleven a cabo las prácticas. Estimamos que sería bueno, que no imprescindible, para estudiantes y profesionales, que existiera una colaboración de forma regulada pero, en cualquier caso, la Universidad de León pondrá a disposición del alumnado las instalaciones y profesores que garanticen su formación práctica. En este sentido queremos recordar que, respecto al Grado de Podología, el R.D. 420/2015 dice, en el Anexo II, lo siguiente: “deberá garantizarse la disponibilidad de los medios clínicos necesarios sean de la propia universidad (clínicas universitarias de Odontología, Podología, Psicología, hospitales clínicos veterinarios, etc.), sean mediante convenios con instituciones públicas o privadas que tengan estos servicios asistenciales acreditados por la Administración que competa” y por supuesto la Universidad de León dispondrá de la correspondiente Clínica Universitaria Y de los medios y personal adecuados. Si la inversión es cara o compleja es un asunto que únicamente compete a la Universidad de León y a la Junta de Castilla y León.
Finalmente, nos parece muy loable que el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León aspire a que la Podología se incluya en el Sistema Público de salud, lo que apoyamos, y contribuiremos en lo que sea posible para que se logre este objetivo. Pretender que no se implanten Grados de Podología no es, en nuestra opinión, el camino para ello. Sí entendemos que lo que se tiene que hacer es garantizar que la Universidad forme buenos profesionales y la Universidad de León pondrá todo su empeño y seguiremos insistiendo en la colaboración de los buenos profesionales podólogos para lograr este fin. Pensamos que el que haya nuevos profesionales podólogos bien preparados y con conocimiento actuales redundará en beneficio del servicio a la sociedad, no al contrario.
