22 personas de las que se sometieron a esta práctica donaron antes sus órganos. Ello ha generado 68 trasplantes de órganos en total.
Las comunidades que más eutanasias han practicado son Cataluña, Navarra y País Vasco, y no es casualidad: habían empezado antes con normativas en esa línea, y tenían ya camino avanzado, sobre todo a la hora de tener personal médico dispuesto. Las 3 tienen gobiernos independentistas o de izquierdas.
A la cola de estas estadísticas están Madrid y Andalucía, ambas con gobiernos del PP, y que retrasaron al máximo los tiempos para crear sus Comisiones de Garantía y Evaluación (CGE).
Nueva prestación sanitaria
«Celebramos que disponemos de una nueva prestación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud que permite acceder con más garantías a uno de los bienes más valiosos de la condición humana», ha valorado la ministra y ha afirmado también que este nuevo derecho se está ejecutando «adecuadamente» en todo el país.
Aunque no en todas las regiones se realiza a la misma velocidad, la titular de Sanidad ha destacado que el Ministerio mantiene reuniones habituales con las Consejerías para ir valorando las solicitudes que se reciben de este tipo y poder ayudar a los pacientes que lo deseen a morir con dignidad.
«Gracias a la entrada en vigor de esta ley, el Sistema Nacional de Salud es más inclusivo y universal ya que ha incluido este derecho como una prestación más de la cartera de servicios. Se trata de la culminación de un proceso colectivo, de una reivindicación de mucho tiempo atrás que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado respuesta», ha resaltado.
Ha indicado que para que este nuevo derecho ha sido necesaria la sensibilidad, la valentía y la voluntad política y ha destacado que esta Ley es una respuesta progresista del Gobierno de Pedro Sánchez a una demanda histórica, un proceso colectivo impulsado por el trabajo y la lucha incansable de muchas personas como pacientes, familiares, parejas y profesionales sanitarios y de las comunidades y ciudades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad.
El trabajo conjunto ha hecho posible que dos herramientas que garantizan la igualdad y calidad de la prestación de ayuda para morir, como son el Manual de Buenas Prácticas y el Protocolo de actuación, fueran aprobados en tiempo récord, y por unanimidad, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
