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Izquierda Unida de San Andrés luchó y consiguió que se eliminara la cláusula que establecía que para recibir una ayuda de emergencia social no se podían tener deudas con la Administración. Cláusula que no tenía sentido exigir a personas que necesitan una ayuda económica para necesidades vitales y esenciales como comer y pagar luz, agua o calefacción, y que la propia Junta eliminó en sus decretos.
El problema es que Izquierda Unida de San Andrés revisó el nuevo reglamento que el PSOE-PAL trajo al último pleno municipal y, aunque se eliminaba ese concepto aparecían otro tipo de restricciones sancionadoras sobre las que IU va a alegar.
Es necesario tener en cuenta que las ayudas de emergencia social son abonadas conjuntamente por la Junta y el Ayuntamiento, y que hasta ahora no se ha llegado a acabar el presupuesto destinadas a las mismas, que además la legislación general delimita claramente qué ayudas se pueden pedir y cuál es su finalidad, y que finalmente ya de por sí esta legislación es estricta.
El problema no sólo es que las políticas públicas no están contribuyendo a salir de esas situaciones, sino que las políticas públicas son tan cicateras para la cobertura de las necesidades vitales de la ciudadanía que, de las ayudas para alquiler de vivienda convocadas por la Junta de Castilla y León, 2.478 personas se quedarán sin la subvención al agotarse los fondos. La media de la subvención es de 1.298 €. Y en León se ha concedido solo al 53% de beneficiarios y beneficiarios cuya solicitud era resuelta de forma favorable.
Por eso para Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo es inadmisible el artículo que establece la obligación de garantizar «la existencia futura de ingresos económicos suficientes» para recibir la ayuda para la vivienda. Si esto se mantuviera así, la Administración y la coordinación entre administraciones deben garantizar una solución habitacional para estas familias. Desde IU entendemos que hay que ser cuidadoso con el dinero público, pero no establecer unas sanciones tan graves cuando se comete una infracción: no se puede sancionar por 4 años para poder solicitar de nuevo una ayuda.
Debemos recordar que con el dinero público se ha rescatado a la banca en sus desmadres económicos y ahora somos cicateros con las ayudas que permiten vivir o sobrevivir a familias que, como todos, han contribuido con sus impuestos a que nuestros gobiernos los destinen a rescatar a los bancos. Izquierda Unida exige que el dinero público no se destine a rescatar bancos, sino a garantizar empleo y garantizar las condiciones de una vida digna cuando no se tiene empleo.
En definitiva, desde IU se van a presentar varias alegaciones a este reglamento, exigiendo que se mantenga siempre dentro de los cánones establecidos por la Constitución y la legislación; así como por las consecuencias que analizan las investigaciones que sobre la pobreza y la exclusión social se han realizado.
