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El concejal de Coordinación de Servicios Generales y Medio Ambiente, Francisco J. Gómez, ha dado traslado al jefe de la Policía Local de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales de cara a su entrada en vigor, previsiblemente la próxima semana.
El documento definitivo fue aprobado por la corporación durante la sesión plenaria del mes de enero, con los votos a favor del equipo de Gobierno (formado por los concejales del PSOE y el edil del PAL), Ciudadanos y la UPL, la abstención del PP y el voto en contra de Izquierda Unida.
La previsión que maneja el Ayuntamiento es que pueda entrar en vigor la próxima semana, por lo que los agentes se formarán en los aspectos que recoge la ordenanza, de manera que pueda garantizarse su cumplimiento.
Se trata de un texto que regula, principalmente, comportamientos antisociales, tipificando todas aquellas conductas que puedan suponer un menoscabo del patrimonio público en el término municipal.
A pesar del carácter y el talante cívico de los vecinos y vecinas de San Andrés, existen actitudes irresponsables por parte de algunos individuos o colectivos
Minoritarios, tanto con el medio urbano como con sus conciudadanos, que alteran la convivencia.
Estos comportamientos antisociales se manifiestan en el mobiliario urbano, en fuentes, en parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de tráfico, en instalaciones municipales y en otros bienes; lo que genera unos gastos en reparación cada vez más importantes que distraen la dedicación de de recursos públicos a otras finalidades.
De hecho, sólo durante el año 2016 se quemaron una veintena de contenedores en distintos puntos del término municipal, por lo que es intención del Ayuntamiento procurar que disminuyan o desaparezcan este tipo de episodios.
Como aspecto destacable, esta ordenanza permite a la persona infractora reponer el daño causado para evitar la sanción económica, lo que para el concejal titular del área, Francisco J. Gómez, demuestra que no tiene carácter recaudatorio.
“Es nuestro deber velar por la conservación y cuidado del patrimonio público, de lo que es de todos, además de dar respuesta a la creciente preocupación ciudadana por todos aquellos actos incívicos que suponen un menoscabo para el municipio”, ha recordado al respecto el concejal.
