ASAJA pide a los alcaldes ‘plantar cara’ a las empresas eólicas y fotovoltaicas

La organización pide a las instituciones rigurosidad a la hora de cocedor licencias a estas empresas

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La organización agraria ASAJA de León pide a los alcaldes de la provincia y a los secretarios municipales que traten a los representantes de las empresas eólicas y fotovoltaicas como a un ciudadano más, y que no le den un trato de favor a la hora de resolver sus expedientes, y menos que se dejen amedrentar con amenazas. ASAJA ya conocía que existía esta práctica, que se ha extendido incluso al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León, y considera inaceptable la amenaza velada que hace hoy en Diario de León el secretario general de la Asociación de Promotores Eólicos, Eugenio García Tejerina, dando lecciones de cómo hay que instruir los expedientes municipales y advirtiendo de posibles daños patrimoniales. Este representante de las eléctricas, de una conocida familia de Valladolid muy influyente en las administraciones controladas por el PP, presume incluso de sus gestiones en la FRMP para influir en los ayuntamientos.

ASAJA recuerda que la Junta de Castilla y León ya movilizó en su día todos sus recursos para sacar adelante en tiempo récord los estudios de impacto ambiental para ajustarse a los plazos que tenían las eléctricas, y que eso se hizo postergando la resolución de otros expedientes, como por ejemplo los de interés agroganadero. Sería muy injusto que ahora, de nuevo, los ayuntamientos y el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación pongan encima del montón los expedientes de las eólicas y fotovoltaicas mientras duermen en el sueño de los justos los de los  promotores de otras actividades, como son las agrícolas y ganaderos.

ASAJA pide a los ayuntamientos que sean respetuosos con la legalidad vigente para conceder las licencias, que recaben todos los informes que son preceptivos, que no obvien la exposición pública, y que resuelvan todos los recursos que pudieran presentarse teniendo en cuenta el interés general. Además, la organización agraria solicita que no se permita en inicio de las obras en tanto no se llegue a acuerdos con todos los propietarios de terrenos o se resuelvan, si es el caso, los expedientes de expropiación u ocupación.