El último Pleno de la Junta de Personal Funcionario de la AGE en León acordó, por unanimidad, solicitar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se articulen las medidas necesarias, a la mayor brevedad posible, para que se complete la plantilla de personal médico que presta sus servicios en el Centro Penitenciario de Mansilla.
Según los datos conocidos por esta Junta de Personal, en el Centro Penitenciario de León están prestando actualmente el servicio de asistencia sanitaria 3 médicos, en servicio de mañana; las tardes, noches y fines de semana se presta el servicio mediante guardias localizadas para atender a un colectivo de 800 presos.
En una plantilla de 8 médicos hay tan solo 3 médicos cubriendo el servicio, esta manifiesta escasez de profesionales afecta gravemente al
normal funcionamiento del Centro Penitenciario tanto en lo relativo a la gestión y seguimiento de la atención médica a los internos como en imposibilidad de aplicación de medios coercitivos previstos en el reglamento penitenciario que exigen la intervención del Médico, situación que puede llegar a limitar la actuación de los funcionarios y prov situaciones de riesgo que pudieran comprometer su integridad física.
La edad media de los médicos que trabajan en las cárceles supera los 60 años, y en dos años se jubilarán más de la mitad sin que haya recambios. Las plazas ofertadas se cubren mínimamente porque las condiciones salariales y laborales no son atractivas para el colectivo médico.
La situación también afecta al servicio que presta el Centro de Salud de Mansilla de las Mulas, que debe atender los casos cuando no hay efectivos médicos en la prisión, esta sobrecarga perjudica a la comarca.
Ante esta degradación de la atención sanitaria la Junta de Personal Funcionario de León tomó por unanimidad el acuerdo de solicitar a Instituciones Penitenciarias que adopte las medidas necesarias para dotar al Centro Penitenciario de los efectivos médicos previstos en la Relación de Puestos de Trabajo.
Asimismo la Junta de Personal estima que la solución de estas deficiencias pasan por la transferencia a la Junta de Castilla y León de estos servicios sanitarios, por lo que solicita se impulse de forma efectiva el mandato derivado de la Ley 16/2003, de 28 de mayo – de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud-; que en su disposición adicional 6a preveia que -en el plazo de 18 meses- «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
Siendo inasumible por los profesionales sanitarios y los empleados públicos del Centro la degradación de la atención sanitaria y el paso del tiempo -los 18 meses previstos se han transformado en 17 años de inacción-, sin que las mismas Administraciones Públicas que se otorgaron el mandato sean capaces de resolver esta alarmante situación.
