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La Ley Celaá ha llegado hoy también al Pleno del Ayuntamiento de León, tras la presentación de una moción del Partido Popular. Su portavoz, Antonio Silván, ha defendido esta iniciativa que lucha por lograr para los leoneses una educación libre y de calidad, con el apoyo del grupo de Ciudadanos, la abstención de UPL y el voto en contra del concejal de Podemos y del PSOE. Silván ha reiterado que la nueva ley educativa,
la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) más conocida como ‘Ley Celaá’, ha sido tramitada por el Gobierno de espaldas a la comunidad educativa y al resto de la sociedad. Un nuevo marco normativo que penaliza la calidad en la educación y, especialmente, castiga a la Educación Especial y Concertada.
Silván ha señalado la relevancia de la ‘Ley Celaá’ en el municipio de León, dada la existencia de alrededor de 20.000 estudiantes en una veintena de centros especiales y concertados, además de que los leoneses no pueden permitir que esta ley penalice la excelencia en la educación de todo el alumnado. “Los grupos municipales deben dar un paso adelante y unir su esfuerzo para lograr que los leoneses puedan acceder a una educación justa, de calidad y con la libertad de elección como principio fundamental”, aseguraba en su intervención antes de que el equipo de gobierno se retratara votando en contra de la misma.
El portavoz ha subrayado también las graves carencias en la tramitación, al realizarse “en pleno estado de alarma, utilizando el Gobierno la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige; un proyecto de ley que no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado; que ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas; y con una votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso que se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas”.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la Ley Celaá representa “la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo”.
Moción aprobada a pesar del voto en contra del PSOE La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:
1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas, y por tanto a las LEONESAS, elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.
3.-Elimina la condición del español como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. Un ataque en primera persona a los leoneses, dado que esta tierra es base de la formación de España como estado y cuna del parlamentarismo.
PROPUESTA DE ACUERDO
1-Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
2-Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
3-Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación
. 4-Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
5-Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
6-Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
7-Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
8-Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades: o Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y premia actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas. o Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española. o Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. o Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 9-Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido: o Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales. o Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. o Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo. o Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
10-Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular y por Ciudadanos contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución. 11-Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
