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El Gobierno sigue sin emprender medidas reales para abaratar el recibo y que frenen la especulación del oligopolio energético. Las escasas actuaciones que ha dado a conocer el Ejecutivo de Pedro Sánchez no producirán una bajada significativa en un infladísimo recibo al que cientos de miles de familias ni siquiera pueden hacer frente, denuncia la asociación.
La factura más cara del año hasta la fecha con las tarifas PVPC ha sido la de septiembre, 83,55 euros, seguida de la de agosto, 80,73 euros, y la de octubre, 80,66 euros. En noviembre bajó a los 79,64, aunque el recibo continuó siendo más caro (un 0,4%) que en el mismo mes de 2017, cuando se situó en 79,36 euros.
Según los datos de FACUA, en julio de este año el mismo recibo fue de 78,39 euros, en junio se situó en 76,71 euros, en mayo en 75,34 euros, en abril en 69,94 euros, en marzo en 69,46 euros, en febrero en 76,32 euros y en enero en 74,81 euros.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.
La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy fue fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Pedro Sanchez sigue sin tomar medidas que garanticen descuentos significativos y mantiene unos niveles de renta excesivamente bajos para acceden a él, excepto las familias numerosas.
