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El Programa de Protección Internacional (PPI) del Hospital San Juan de Dios de León, que financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha puesto en marcha una nueva campaña para ampliar la bolsa de viviendas destinadas a personas refugiadas que “buscan crear un hogar en condiciones de dignidad e intimidad adecuadas”.
“Necesitamos más pisos de alquiler que sirvan de refugio a las familias que acompañamos”, ha señalado Dolores Queiro, coordinadora de un proyecto que en 2022 ha acompañado a 193 personas -133 adultas y 60 menores- de 24 nacionalidades distintas, frente a las 149 de 2021 y las 139 del año 2020 que han huido de sus países para proteger sus vidas.
Personas que muchas veces sienten que buscan un sitio fuera de lugar. Y es que el acceso a una vivienda, en un mercado con más demanda que oferta, se revela un camino de obstáculos y puertas cerradas pese a contar con el apoyo económico del programa. A los desorbitados precios, los solicitantes sufren dificultades añadidas que tienen que ver con las barreras idiomáticas, el desconocimiento del marco legislativo del mercado inmobiliario, las tecnologías de búsqueda, la falta de avales o de cartas de recomendación de antiguos propietarios y la ausencia de nóminas que poder mostrar.
Así, estas personas quedan expuestas a las “exigencias abusivas por parte de especuladores, propietarios y agencias inmobiliarias”, así como al rechazo que experimentan sistemáticamente por el hecho de ser extranjeras y racializadas. “Hacerles sentir como en casa es trabajo de todos”, ha indicado Queiro en defensa del “derecho fundamental” a una vivienda y en un llamamiento a colaborar con una bolsa que en los últimos meses ha ‘adelgazado’ demasiado.
No en vano, a las personas refugiadas de Ucrania les espera un largo camino: vencer la incertidumbre, enfrentarse al impacto inicial y asimilar lo que está ocurriendo, además de empezar una nueva vida que incluye la búsqueda de un empleo o la escolarización en un país lejano del que muchas veces no conocen el idioma ni las costumbres. «La salida tan abrupta de un país conlleva una sensación de desgarro», ha confesado Queiro en relación a un duelo migratorio que debe trabajarse para evitar su cronificación.
Dieciocho meses y dos fases
El Programa de Protección Internacional (PPI), que tiene su sede en La Fontana de Armunia, tiene una duración de 18 meses y se estructura en dos fases: acogida temporal y preparación para la autonomía gracias al diseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Y es que la llegada de una persona refugiada a un país de acogida no supone el fin de su calvario. Aunque comienzan otra vida, lejos de la tierra de la que escapan, las personas solicitantes de asilo afrontan una serie de desafíos en su nuevo destino. Entre ellos, y al margen de la vivienda, el acceso al mercado laboral. Tener un trabajo proporciona, no solo los medios necesarios para la subsistencia propia y de sus familias. Sino también una garantía que les aleja del riesgo de caer en la exclusión social.
Además, el PPI cuenta con un grupo de mujeres y de personas LGTBI+ en el marco de “un espacio de seguridad donde abordar las problemáticas que afectan al colectivo”. Porque en muchas partes del mundo, las personas experimentan violencia y persecución debido a su orientación sexual -real o percibida- o su identidad de género.
 necesita más pisos de alquiler que sirvan de refugio a las familias que acompaña • A los desorbitados precios, los solicitantes sufren dificultades añadidas que tienen que ver con las barreras idiomáticas, el desconocimiento del marco legislativo de un mercado inmobiliario con más demanda que oferta, las tecnologías de búsqueda, la falta de avales o de cartas de recomendación de antiguos propietarios y la ausencia de nóminas que poder mostrar.){kind=link}