Ahora León / Izquierda Unida / Imagen: S.Arén
La asamblea local de Izquierda unida León pone de manifiesto la situación de pobreza energética que sufre el 5,7% de los hogares de Castilla y León y exige a las administraciones que busquen soluciones de inmediato.
La pobreza energética se define como la situación que sufre un hogar que no es capaz de obtener una cantidad adecuada de energía para la satisfacción de sus necesidades, a cambio de un 10% de la renta disponible en dicho hogar. Este concepto puede ser ampliado a otros servicios básicos como agua, gas e incluso internet.
La UE ha impuesto a los estados miembros el modelo de gestión privada del sector energético y otros servicios básicos. Esto les ha supuesto a las grandes empresas españolas elevados beneficios, y a millones de familias graves perjuicios. La crisis desencadenada en 2008 ha provocado que el fenómeno de la pobreza energética se haya multiplicado, casi 7 millones de personas la sufren en España y un 5’7% de los hogares de Castilla y León
La reducción en los ingresos de las familias y la subida del precio de la energía ha incrementado una realidad de la que pocos hablan. Los precios de la luz han subido hasta un 80 por ciento y los salarios o los ingresos de los hogares se han mantenido o reducido. La energía debe ser considerada como un derecho básico, no solo un negocio. Y los poderes públicos deben garantizar el acceso a ese derecho, como se hace con la educación y la sanidad.
IU cataloga de paradójico que, en un país en recesión, con unas condiciones inmejorables para obtener energías renovables, sigamos pagando cada vez más por la electricidad. La respuesta es evidente, durante los últimos años se ha estado legislando a favor de las grandes empresas eléctricas, que mantienen unos beneficios que doblan en su margen al de las eléctricas europeas. Para garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los hogares de este país, sería necesario recuperar el control público y ciudadano de este sector vital para la economía.
La solución del ‘bono social’ es a todas luces insuficiente y a veces injusta. Hay familias numerosas con ingresos más que suficientes para hacer frente al pago de la electricidad mientras que a otras les cortan el suministro porque no pueden pagar ni la tarifa reducida por el bono. Sería necesario un modelo nuevo para que cada caso pagara lo que le correspondiera en virtud de los ingresos.
Las empresas eléctricas además no están pagando dicho bono social, sino todos los ciudadanos en sus facturas abusivas. Algunos ayuntamientos del cambio han empezado a desarrollar planes de acción para luchar contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar los suministros básicos.
Con esta situación y ante la llegada inminente del frío, Izquierda Unida pide que el Ayuntamiento de León se preocupe y busque soluciones para que se garantice que no se efectuará ningún corte de suministro a las personas y/o familias que por riesgo de exclusión o porque atraviesan una situación excepcional, no pueden afrontar el pago del recibo.
