IU exige que se investiguen las denuncias de pederastia en los seminarios de la provincia

El abuso sexual a menores está penado por ley y deben investigarse todos los casos. Las consecuencias del abuso sexual a menores perviven en la mente y corazones de las personas.

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La provincia de León se ha visto salpicada por denuncias de personas que afirman haber sufrido abusos sexuales, siendo menores de edad, cuando se encontraban en los seminarios católicos de la provincia, bajo la responsabilidad y tutela educativa de sacerdotes de esta religión.

Incluso se han sucedido concentraciones de exseminaristas en Astorga pidiendo “el esclarecimiento de todos los casos que se hubieran podido dar en los centros educativos dependientes de la diócesis de Astorga”

El abuso sexual a menores está penado por ley y deben investigarse todos los casos. Las consecuencias del abuso sexual a menores perviven en la mente y corazones de las persona

En marzo de 2010, el máximo responsable de la jerarquía católica entonces, Joseph Aloisius Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, aprobó normas ordenando a las Conferencias Episcopales que elaboraran un protocolo de actuación con medidas preventivas y líneas claras de actuación en los procesos judiciales eclesiásticos en casos de pederastia protagonizados por sacerdotes.

A raíz de esta instrucción papal, la Conferencia Episcopal Española redactó su protocolo de actuación para asumir las reglas impuestas desde Roma. Después de ese documento de la Conferencia Episcopal, al menos tres de las 70 diócesis (Sigüenza, Astorga y Burgos) aprobaron protocolos más amplios donde se considera imprescindible que el Obispado notifique a los servicios especializados y al ministerio fiscal la información de que disponga.

Desde 2015 hay una ley vigente en España de protección jurídica del menor que obliga a notificar las denuncias que se reciban. La misma, señala en su artículo 13.4 que “toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal”.

Más aún, en agosto de 2018 el actual responsable máximo de la Iglesia Católica, Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) se manifestaba tajantemente ante los abusos sexuales y la pederastia: “Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura. Tal solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona…”

Ya no solo por respeto a los derechos humanos, por justicia social o por simple ética humana, sino por coherencia con la actual posición de la propia jerarquía católica, IU provincial considera que se deben esclarecer todos los casos de abusos sexuales que se pudieran haber producido en la provincia, poniendo toda la información y los medios en conocimiento del Juzgado y atender las peticiones de las posibles víctimas.   Lo contrario sería amparar a los abusadores de menores. La justicia y las leyes de una sociedad deben estar al servicio de todos.