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La organización local de Izquierda Unida León ha presentado una moción para que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, en adelante), creada 2012 con el objetivo de comprar parte de los activos problemáticos que tenía la banca y hacer de limpieza de elementos que le restaran capital, pase a emplearse como herramienta que facilite el acceso a la vivienda y de cesión para los ayuntamientos.
Motivos
Carmen Franganillo, coordinadora local, ha incidido en varios puntos. Primeramente, afirma que «la entidad fue financiada con recursos públicos casi en su totalidad, aunque la propiedad que le correspondía era menos de la mitad, perteneciente el resto de la misma a socios privados que financiaron solamente alrededor del 5%.»
«Además —continúa— esta adquiría inmuebles al 50% de su valor mientras la Comisión Europea defendía que deberían haberse obtenido por 18000 millones menos, es decir, con una bajada del 70%.» También ha insistido en que «Luis Guindos, ministro de economía, afirmaba en 2012 que no solo no costaría dinero público, sino que daría beneficio, cuando en 2021 vemos que hay una pérdida de 15000 millones, siendo más de la mitad públicos.»
Acuerdos
Así, la organización ha pedido, en primer lugar, «una investigación sobre la actuación que ha llevado a estas pérdidas. De manera concreta, conocer lo ocurrido en relación con los precios de traspaso fijados del Banco de España, las operaciones de venta de activos, la contratación de un derivado que ha supuesto un quebranto de casi 4.000 millones y la modificación de las condiciones de los bonos emitidos, que ha originado 483 millones de pérdidas y puede causar otros 465 en los próximos años.»
Seguidamente, «convertir la Sareb en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda, en especial de la población más vulnerable, gestionando alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos y haciéndola dependiente del ministerio que tenga las competencias correspondientes.»
En la misma línea, han incidido en habilitar los mecanismos legales que «posibiliten la suspensión de desahucios para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a quienes habiten en viviendas propiedad de Sareb y se encuentren en situación económica sin alternativa habitacional; así como de fomentar el mecanismo para que las corporaciones locales puedan gestionarlas y destinarlas a un parque municipal de alquiler social». Y han instado al Gobierno y a las CCAA a realizar las gestiones pertinentes para que el suelo urbanizable que atesora la Sareb, (más de 72 millones de metros de suelo en desarrollo) tenga un fin como suelo para vivienda pública destinada a alquiler social.
En tercer lugar, «la toma de control público, incorporando la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, más allá de los órganos de control de la sociedad.»
Además, se ha pedido que la Sareb modifique los próximos bonos que emita para que puedan generar rendimientos negativos. En concreto, que se declare que el cupón trimestral de los bonos senior emitidos por a partir de las emisiones 2017-3 y 2018-1 y sucesivas puedan generar rendimientos negativos. Reclaman, así, que la banca que tiene esa deuda le pague por la misma, dado cómo están los tipos de interés actualmente.
Han finalizado pidiendo la elaboración de un censo de los activos que tiene en propiedad: «Que los inmuebles y suelos que hemos pagado con dinero público sigan siendo algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas debe ser subsanado cuanto antes.»
