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Para la formación de izquierdas, “La Junta de Castilla y León debería centrarse en hacer su trabajo y ofrecer servicios de calidad en vez de malgastar recursos con el fin de coaccionar a las mujeres que, por diversas razones, necesiten abortar. Las mujeres leonesas ya tienen bastantes problemas para ejercer este derecho en León como para que ahora vengan a poner más problemas. A día de hoy, si una leonesa necesita abortar es derivada fuera de la provincia. Además, la tasa de abortos en la CCAA está muy por debajo de la media nacional. En León, el 60 por ciento de los abortos practicados se realizan en clínicas privadas.”
El vicepresidente de la Junta, de Vox, asegura que en la región serán “protegidos” los médicos que se nieguen a realizar interrupciones del embarazo, en una comunidad autónoma que “no garantiza el derecho al aborto, dado que la mayoría de las mujeres tienen que abortar en clínicas fuera de su territorio o en la privada por la falta de medios y de equipos.”, han argumentado desde Izquierda Unida.
Desde IU denuncian que, “hace tan sólo unos días, en Ciudad Rodrigo hubo una movilización por falta de pediatras, y que, si de verdad la Junta estuviera interesada en la protección de la infancia, debería aumentar el número de profesionales de pediatría y de servicios, sobre todo en el entorno rural. Casi la mitad de los municipios de León no tienen pediatra en su centro de salud.”
Carmen Franganillo, coordinadora de IU, ha tachado de moralista la propuesta de Vox y PP, que “trata de imponer a las mujeres un tutelaje propio del régimen franquista. El retroceso en derechos con este Gobierno de PP y Vox es evidente, y por ello, pedimos a todas las fuerzas demócratas, unidad para luchar contra la pérdida de derechos que supone y unidad para evitar que este Gobierno agote la legislatura. Por otro lado, nos preguntamos sobre ese 60 por ciento de abortos realizados en León en la privada, y si esos profesionales son objetores de conciencia en la pública, dado que hay profesionales que trabajan en los dos ámbitos.”
Desde Izquierda Unida dudan de la legalidad de la propuesta, y piden una rectificación inmediata de la medida, que parte, dicen, “de un profundo desconocimiento de la Sanidad Pública y de sus procesos, puesto que las mujeres que tienen dudas al respecto de una decisión tan importante, son derivadas a las Trabajadoras sociales. La medida es puramente coercitiva y vulnera los derechos de las mujeres y el derecho a la salud reproductiva y sexual y a tomar sus propias decisiones.”
