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El Grupo Municipal de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo responde mediante la presentación de esta moción a la declaración institucional presentada por el Partido Popular en lo que ellos denominan «libertad educativa y elección de centro escolar», a pesar de ser un concepto que ni recoge nuestra Constitución ni está respaldada por el derecho comparado.
«De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La ‘libertad de enseñanza’ reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos«, afirma Enrique Díez, profesor de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU.
De hecho, la Constitución establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”
La Educación Pública, de titularidad y gestión pública, es y debe ser, por tanto, la garante de la equidad y la cohesión social, en tanto que ha de asegurar el ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. «La libertad de elección de centro que reclama el PP en su declaración respaldada por otros sectores sociales conservadores es, en realidad, una preferencia de seleccionar aquellos centros que quieren tener un alumnado (o ‘clientela’) escogido y que sirven a las clases más acomodadas para alejarse del alumnado inmigrante, con mayores necesidades o de clases más bajas, a la vez que con esa selección el centro se asegura estar en mejores puestos de los rankings de centros, para seguir siendo demandado por la futura ‘clientela selecta’ y perpetuando la desigualdad que generan aquellas familias que no quieren ver mezclados a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase social, promoviendo la segregación escolar y la posterior segregación social», explica la Portavoz de IU en San Andrés del Rabanedo.
«En definitiva, el sistema (que no derecho) de ‘elección de centro’ se basa en la lógica individualista de la ética del más fuerte y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Así entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado.», continúa Laura Fernández, «Por estos motivos, defendemos tanto a través de esta moción como en todas las instituciones la Educación Pública como garantía del derecho a la educación en condiciones de igualdad. La Constitución permite la creación de centros privados mientras se ajusten a ley, y además debe garantizar una educación pública y gratuita. Según la OCU, el 91% de los centros concertados cobran cuotas por conceptos no optativos, es decir, que los padres están obligados a pagar. Eso es totalmente ilegal e inmoral cuando a través de los conciertos se financian con dinero público, y además, ha sido denunciado tanto por plataformas de educación pública como por centros privados al considerarlo una competencia desleal. Este debate es muy sencillo: que cada familia elija la educación que considere para sus hijos e hijas, pero pagando lo que cada centro les exija; la ciudadanía no tiene que hacerse cargo de la financiación de estos centros porque los recursos públicos no han de dirigirse, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales», finaliza la Portavoz de Izquierda Unida en San Andrés.
