Ahora León / IU San Andrés
Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo ante la condición de “investigados” anteriormente llamados “imputados”, en la operación Enredadera, solicita la dimisión de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de los tres concejales del equipo de gobierno investigados en dicha operación y del portavoz de Ciudadanos.
Las vecinas y vecinos de San Andrés del Rabanedo tenemos derecho a vivir en un municipio libre de sospechas de que el equipo de gobierno presuntamente pudiera estar cometiendo “prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada», entre otros delitos, según el TSJC.
Nuestro ayuntamiento se ha acogido a diversos planes de ajustes desde el año 2012 debido a su inmensa deuda, lo que ha provocado que en la práctica no solo estemos intervenidos sino que nuestros impuestos vayan para el pago de la deuda e intereses. Somos uno de los ayuntamientos más endeudados de toda España no por arte de magia, de repente, sino que es la consecuencia de una muy mala gestión durante años. Mala gestión que ha llevado a que en los próximos 20 años estemos ahogados por dicha deuda y no haya dinero para invertir en el bienestar de la ciudadanía.
No hay derecho que mientras se está pidiendo a las vecinas y vecinos que se sacrifiquen pagando más impuestos, subiendo las tasas de todos los servicios, se esté dando a la vez la imagen de que ese mismo equipo de gobierno está prevaricando.
Está claro que se trata de una fase de “investigación”, antigua “imputación”, y que aún falta mucho para que exista un resultado definitivo, pero quienes se hallan en esa situación por el bien del municipio deben dar un paso atrás y dejar que sus compañeros no imputados gobiernen.
Debemos recordar que del antiguo equipo de gobierno del PSOE presidido también por la actual alcaldesa María Eugenia en la legislatura 2009-2012, se saldó también con ella como imputada y tres concejalas más en la misma situación, por las posibles irregularidades en la contratación de Aquona, que suponen una subida del agua de un millón de euros anuales para las vecinas y vecinos de San Andrés. Aún se está a la espera de la sentencia.
Es decir, tenemos una alcaldesa imputada en la anterior legislatura e investigada en esta, y que en ambos casos ha arrastrado a tres concejales/as con ella en dicha imputación.
Porque la ciudadanía de San Andrés tiene derecho a vivir dignamente, con ilusión y esperanza, es por lo que solicitamos que dimitan los cinco cargos públicos que están siendo “investigados” en la operación Enredadera. Porque todos tenemos derecho a que nuestros impuestos, que nuestro dinero, se administre en beneficio de nuestro municipio y no de unos pocos.
Es posible que de dicha “investigación” más de una persona salga no siendo acusada, pero ante las sospechas, debe apartarse de seguir gobernando nuestro municipio y deben de hacerlo por el bien de ellos y de la ciudadanía. Un municipio con una deuda tan enorme como la que tiene San Andrés, con un plan de ajuste que no permite la contratación de nuevo personal, la inversión para el mantenimiento elemental, que todos los servicios tienen que pagarse al 100% por el ciudadano, no puede permitirse el lujo de estar gobernado por un equipo que está siendo investigado.
