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La única información que facilita la Junta de Castilla y León es que para ser operado hay que esperar de media 89 días. “Pero el tiempo de media para una radiografía o para una resonancia magnética parecen ser “secretos de estado”, pues la Junta se niega a facilitar la lista de espera para pruebas diagnósticas”, explica la Coordinadora Provincial de IU León, Eloina Terrón.
El problema es que la ciudadanía está padeciendo listas de espera interminables, que no solo están provocando sufrimiento e impotencia de las personas enfermas, sino que están promoviendo el negocio privado a costa de la salud pública.
Siete meses en espera para una consulta de traumatología, más otros cuatro para la resonancia magnética que pide el traumatólogo para poder diagnosticar a quien posiblemente sufre de una hernia discal que le produce agudos dolores y le ha imposibilitado prácticamente moverse y desplazarse a su trabajo. Nueve meses para una mamografía, una consulta de oftalmología que no llegará hasta dentro de un año, etc. Son casos continuos que generan impotencia entre las personas enfermas y las familias que les acompañan.
Lo cierto es que “no sólo han aumentado las listas de espera para una intervención quirúrgica, sino también para consultas y pruebas en la sanidad pública, alimentando el negocio de la sanidad privada con las políticas de recorte en personal médico y atención sanitaria de la JCyL” afirma Eloina Terrón.
La consecuencia directa de estas altas demoras para las primeras consultas supone que el diagnóstico no se produce, como mínimo, hasta cuatro o cinco meses después de la solicitud. Además, la primera consulta suele llevar aparejada una prueba, que también tiene un alto nivel de demora, y tras ella, una nueva cita con el especialista para que diagnostique un problema de salud tras a veces un año de espera. Estos pacientes en demora ven a veces que la única solución es acudir a urgencias en busca de una rápida atención, con lo que a su vez se satura este servicio y se produce un mayor colapso. “Es la pescadilla que se muerde la cola y que mediante las políticas del PP están desmantelando una magnífica sanidad pública”, explica Terrón.
Tras los recortes la sanidad pública de Castilla y León ha multiplicado por diez las listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas, pasando de las 2.300 personas registradas en 2011, a las 19.384 en junio de 2017. Ha aumentado también, casi el triple, la lista de espera para una consulta de médico especialista, desde 52.000 pacientes en 2011 hasta los 129.714 de junio de 2016.
Además, “el denominado Plan Pericles para reducir las listas de espera, es un plan para maquillar el problema”, denuncia Eloina Terrón de IU. Los datos muestran un aumento de las listas en consulta especializada de un 21,4% y del 12,6% en pruebas diagnósticas en tan sólo un año, lo cual influye en el incremento exponencial de la lista de espera quirúrgica. No parece este plan más que otra fórmula para desviar fondos públicos hacia la sanidad privada, dando a entender que la sanidad pública no puede asumir determinadas especialidades de una manera eficiente. La Junta promueve así, de forma organizada y planificada, la privatización de la sanidad pública de Castilla y León, de acuerdo a su ideología neoliberal obligando a la ciudadanía a fomentar la contratación de seguros privados, ante los servicios públicos cada vez más deficientes.
