Izquierda Unida denuncia que la empresa Mémora trata de dilatar su “negocio” irregular en SERFUNLE.

Este jueves pasado, la Asamblea de la Mancomunidad no ha avanzado en la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Izquierda Unida pide su ejecución inmediata y la creación de una empresa pública, o la gestión directa desde la Mancomunidad.

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Carmen Franganillo, coordinadora local expone que “Además, la empresa Mémora ha presentado un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional con el fin de dilatar el proceso de disolución a pesar de las sentencias condenatorias, mediante triquiñuelas legales, mientras nuestros representantes públicos en SERFUNLE no toman decisiones iniciando un proceso de una nueva licitación.”

Por si fuera poco, Serfunle no descarta un nuevo socio privado tras los pagos irregulares de 11,5 M€ a Mémora, lo cual, para Izquierda Unida “es un grave error, que, además, es oneroso para las arcas públicas. Este es un servicio que produce beneficios, y lo mejor para la ciudadanía es que esos beneficios se reinviertan en lo público, y no que pasen a engrosar las cuentas de otra empresa, como ya ha sucedido antes, y de manera fraudulenta.”, explica Franganillo.

En 2016 Izquierda Unida presentó una denuncia en fiscalía por posible ilícito de administración desleal o fraudulenta por el canon que se viene pagando desde hace 20 años, relatan desde IU.

Izquierda Unida exige que los partidos políticos que están representando a los Ayuntamientos en la Mancomunidad de Servicios Funerarios inicien de una vez el proceso de disolución de “esta sociedad parasitaria que ha estado cobrando un canon escandaloso ilegal” e inicien un proceso para gestionar desde lo público los estos servicios y que permita que los leoneses y leonesas paguemos mucho menos por este servicio básico y esencial, en vez de las cantidades astronómicas que ha conllevado hasta ahora el “negocio” de esta empresa privada que mira solo por sus beneficios.

Desde la organización de Izquierdas “no se muestran sorprendidos” por el uso de la vía judicial para “alargar y dilatar lo máximo posible, incluso con la posibilidad de que acabe prescribiendo como tantos otros delitos hemos visto en los procesos judiciales”, para “seguir utilizando el dolor y la tragedia de los fallecimientos como fórmula para continuar haciendo caja a costa de las familias de León y el Alfoz”. “Vemos con indignación cómo esta empresa de negocio del dolor, Memora, en vez de cumplir las sentencias judiciales condenatorias, se intenta agarrar como a los beneficios obtenidos expoliando lo público.

Desde IU piden la devolución del dinero “que la empresa ha ganado de forma improcedente, con el consentimiento de la mayoría de los representantes de los grupos políticos que han conformado esta Mancomunidad y que han cobrado por su labor.”

El relato desde 2003

El contrato de la sociedad mixta de servicios funerarios se adjudicó el 27 de marzo de 2003, es decir hace 20 años, que es cuando se constituye esta sociedad mixta público-privada, pero aceptando un canon ilegal como beneficio de la empresa y “que venimos pagando las leonesas y leoneses durante todo este tiempo.” Ahora, “en vez de cumplir las sentencias condenatorias al respecto, trata de alargar y demorar su cumplimiento acudiendo al Constitucional, lo cual da idea de la cantidad de ingresos que obtenía a costa nuestra y que no quiere perder.”

En vez de acatar la sentencia, Memora busca alagarse en el tiempo para seguir ganando a costa de los leoneses y leonesas con un canon que es ilegal y que se le viene abonando desde hace 20 años.

Para Izquierda Unida “es importante no olvidar la responsabilidad de los consejeros y consejeras de la Mancomunidad, responsables de la parte pública. Es decir, las y los concejales que representan a los Ayuntamientos de San Andrés, León y Villaquilambre y su falta de ejecución de una sentencia condenatoria. No entendemos que más sentencias necesitan. Parecen estar mirando más por los intereses de la empresa Memora, que por el bien común de la ciudadanía.”

Para finalizar, la organización exige “responsabilidad y las dimisiones de quienes han hecho esta nefasta gestión de un servicio público.”