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La CNMC tiene la sospecha de que algunas gasistas están obligando a algunos de los clientes que deciden pasarse a la tarifa regulada o TUR a contratar otros servicios que ya tenían en la tarifa libre, como el de mantenimiento de calderas, por lo que se va a centrar ahora en investigar también estos casos.
Hasta el momento, Competencia investigaba las supuestas trabas en el cambio de tarifas y los retrasos en el procedimiento, ante la «avalancha» de solicitudes por parte de consumidores -especialmente de comunidades de vecinos con calefacción central por gas- para cambiar a tarifas reguladas, tal como señaló en una entrevista en ‘Las Mañanas de RNE’ la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen.
Desde el organismo, no obstante, apuntaron que el número de quejas ha bajado y que cada semana se está requiriendo información a las comercializadoras para esclarecer si hay indicios de negligencia y pueden abrir expediente sancionador para poner multa.
Rescindir los contratos anteriores
El último decreto sobre medidas energéticas establece que las compañías deben rescindir de forma automática todos los contratos vinculados si el cliente decide cambiar.
Asimismo, las comercializadoras de la TUR tienen la obligación de atender las solicitudes y facilitar la migración de las tarifas del mercado libre al regulado.
Tanto la CNMC como el Gobierno sospechan que esas empresas no han dimensionado sus departamentos de atención al cliente para atender la citada avalancha. De hecho, Aasegen ha dicho que a día de hoy su capacidad para atender esas solicitudes es «exactamente la misma».
Por ello, la CNMC ha pedido información al respecto a las citadas compañías y, una vez que la tengan, estudiará la situación y determinará si es necesario hacer algún requerimiento o incluso si procede la apertura de algún expediente sancionador.
Tarifa con incrementos limitados
La TUR, que lleva en funcionamiento desde 2008, es similar a la tarifa regulada o PVPC del mercado eléctrico, aunque está menos expuesta a las variaciones del mercado y ofrece condiciones económicas incluso más ventajosas que el PVPC.
Frente a su homóloga eléctrica, que está indexada al precio diario que marca el mercado mayorista, la TUR se revisa de forma trimestral por el Gobierno, que fija el incremento que sufrirá esta tarifa para los próximos meses atendiendo a la cotización del gas en los mercados internacionales.
Ante la escalada que sufre esta materia prima desde hace más de un año, situación agravada por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha limitado al 15 % el coste que aplica al encarecimiento del gas en las revisiones de la TUR, lo que permite que el recibo no se pueda incrementar más de un 5% cada tres meses.
Esta norma permite que las tarifas reguladas sean actualmente un 50% más baratas que las que ofrecen las comercializadoras en el mercado libre, según cálculos del Ejecutivo.
Los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coinciden con los del Gobierno: un consumidor acogido a la TUR con un consumo de 9.000 KWh al año paga 60 euros al mes y 723 al año, frente a los 126 y 1.516 euros, respectivamente, que abonan los consumidores que tienen contratada la tarifa más asequible del mercado libre.
 ha decidido ampliar la investigación sobre las 4 comercializadoras que ofrecen la tarifa de gas regulada para saber si están cobrando costes extras a aquellos clientes que deciden acogerse a ese precio, topado por el Gobierno y más reducido que los del mercado libre.){kind=link}