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El pleno municipal de San Andrés del Rabanedo celebrado ayer aprobó una moción de Ciudadanos con los votos de la formación naranja, PP, UPL y Vox para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y garantizar el derecho a la propiedad privada suscrito en el artículo 33 de la Constitución española. En el texto, el partido alerta de un incremento de este tipo de delitos y analiza desde una perspectiva jurídica, política y social la situación de muchos propietarios ante las acciones de los ‘okupas’.
“Parece que el PSOE, Podemos e IU, que votaron en contra, no han entendido el contenido de esta moción. Proteger el derecho a la vivienda es proteger el esfuerzo de muchas familias humildes que trabajan cada día para dar un hogar a sus hijos”, ha asegurado el portavoz de Cs en San Andrés, Jorge Martínez Domaica.
Martínez Domaica ha explicado que esta moción diferencia muy claramente la situación de las personas a las que proteger – “familias sin recursos, aquellas que han sufrido un desahucio o que se encuentran en situación de vulnerabilidad” – en contraposición de los grupos delictivos organizados y antisistema que aprovechan las debilidades de la legislación,
Desde el partido liberal señalan que esta actividad delictiva exige el reproche generalizado de los poderes públicos y pone el acento en los dueños y los vecinos de las casas ocupadas, ya que no pueden ejercer el derecho a disfrutar de su propiedad y sufren el deterioro de la convivencia, respectivamente.
Por todo ello, y ante la incapacidad del ordenamiento jurídico de asegurar la tenencia y uso de sus propiedades, la moción propone tres acuerdos. El primero, elaborar un Plan Municipal o Comarcal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas en colaboración con la Junta, para garantizar la devolución de los inmuebles, la vigilancia de los inmuebles susceptibles de ser invadidos y que los vecinos ocupados cuenten con asesoramiento y orientación jurídica.
El segundo, pide potenciar la coordinación y la cooperación institucional entre Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia para asegurar la pronta actuación en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.
En el tercer acuerdo instan al Gobierno central y a las Cortes Generales a promover las reformas legales para, entre otras, agilizar los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente; habilitar a las juntas de propietarios para instar a desalojos que afecten a la convivencia; reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad, facultándonos para subrogarse en las acciones de desalojo de propietarios si afectan a la buena vecindad, y endurecer las sanciones penales de los delitos sobre ocupaciones ilegales que se lleven a cabo con violencia, atenten contra el inmueble y su contenido o que estén auspiciadas por grupos criminales organizados, ya sea para la explotación de la vivienda o para otros ilícitos como la explotación sexual o el tráfico de estupefacientes
