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La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha solicitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional que se valoren las implicaciones que tiene incluir en el sistema de Seguridad Social a aquellos alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. La representante de Castilla y León ha solicitado incluir esta problemática como uno de los puntos del orden del día en la Conferencia Sectorial que se ha celebrado esta tarde de forma telemática.
Según ha expresado en el encuentro Rocío Lucas, la norma impacta de forma muy negativa en el sistema educativo: en el ámbito de la Formación Profesional puede suponer un retroceso en los avances de los últimos años. Se crearían dificultades también en el ámbito universitario, puesto que genera diferencias entre alumnos de distintas enseñanzas. Por todos estos motivos, la Junta de Castilla y León ha pedido una moratoria de la medida para valorar las consecuencias y reconsiderar la bonificación al 100% de la cotización.
Durante el encuentro, los consejeros autonómicos y la ministra de Educación y Formación Profesional también han debatido sobre la implantación de la nueva prueba de la EBAU el próximo curso. Lucas ha mostrado su rechazo el Real Decreto que regula el acceso a la universidad y ha vuelto a solicitar que se reconsidere la opción de implantar un examen único para todo el territorio nacional.
De esta forma, Rocío Lucas ha expuesto que el Gobierno de España vuelve a delegar en las comunidades autónomas la definición de las respectivas pruebas. Eso significa que los contenidos objeto del examen volverán a ser distintos y las diferencias de exigencia seguirán lastrando la igualdad en el acceso a la universidad.
