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El Bono Rural de Transporte gratuito que ayer se puso en marcha en la localidad segoviana de Cantalejo dará servicio a 28 localidades de la zona (Aldeasaz, Arevalillo de Cega, Barrio de Arriba, Berrocal, Burgomillodo, Caballar, Cabezuela, Cantalejo, Carrascal, Carrascal del Río, Cobos de Fuentidueña, Cubillo, El Guijar, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Fuenterrebollo, La Cuesta, Los Valles de Fuentidueña, Muñoveros, Navalilla, Otones de Benjumea, Puebla de Pedraza, Rebollo, San Miguel de Bernuy, Sauquillo de Cabezas, Turégano, Valdevacas, Valle de Tabladillo y Veganzones), con 55.000 potenciales usuarios que se verán beneficiados con esta medida. Esta zona contará con siete rutas y dos concesiones que cubre la Empresa de Automóviles Galo Álvarez, SAU. La siguiente zona donde se implantará el Bono Rural gratuito en la provincia de Segovia será la de Carbonero el Mayor.
En 2019, año previo a la pandemia, el servicio en esta zona contó con 1.897 viajeros, cifra que decayó en 2020, con 1.153 viajeros.
La provincia de Segovia cuenta con 10 zonas de Transporte a la Demanda, estructuradas en 123 rutas, que proporcionan servicio de transporte a la demanda a 337 localidades. La población conectada, incluyendo la capital de provincia, asciende a 138.938 habitantes y sin incluir la capital de provincia, a 89.659. La implantación progresiva del bono gratuito llevará a que todas las zonas tendrán implantado el bono rural gratuito en el año 2022.
En cuanto al Transporte de Prestación Conjunta (de uso general y escolar), Segovia cuenta con 57 rutas que benefician a 204 localidades. Desde el inicio del transporte a la demanda e integrado han utilizado estos servicios 229.250 viajeros, 6.111 de ellos en el año 2020, sin incluir escolares.
A partir de ahora, las nuevas tecnologías permitirán usar el transporte público de forma sencilla, tanto por jóvenes como por mayores, bien mediante el uso de una tarjeta física convencional, o a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil que genera un código de barras con el que se accede al autobús.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la visita a Cantalejo -acompañado por el alcalde del municipio, Javier de Lucas; un represente de la Diputación de Segovia; el delegado territorial de la Junta, José Mazarías; el viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, José Luis Sanz, el director general de Transportes, Ignacio Santos, y alcaldes y alcaldesas de los municipios de esta zona de transporte- ha insistido en que el transporte rural a la demanda será gratuito en 2022 para las 6.200 localidades que hay en Castilla y León, “haciendo este servicio universal en la Comunidad, aplicando la discriminación positiva al mundo rural, porque es nuestra obligación mejorar los servicios públicos y sus infraestructuras, manteniendo la igualdad en las oportunidades de vida de nuestros ciudadanos, vivan donde vivan”.
Implantación progresiva del bono rural gratuito a las 123 zonas de la Comunidad
Con la puesta en marcha de este bono gratuito, son ya 84 localidades y 28 rutas disponibles en las zonas de transporte de Fuentes de Oñoro, en Zamora; Santa Colomba de Somoza, en León; Muñico, en Ávila, y ahora en la zona de Cantalejo, en Segovia.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente irá implantando sucesivamente en el plazo de un año el Bono Rural de Transporte gratuito a las 123 zonas de transporte a la demanda e integrado que hoy existen en Castilla y León y que dan servicio a más de 5.000 localidades de la Comunidad, con casi 2.000 rutas y 2,2 millones de potenciales usuarios.
La inversión estimada de la puesta en marcha de este sistema es de 600.000 euros anuales, ya con las 123 zonas completadas. A esta inversión es preciso añadir los 6,2 millones anuales aportados por la Administración autonómica para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda –434.583,59 euros en 2019 en la provincia de Segovia-. Sin esta financiación de la Junta de Castilla y León, el coste del servicio que habrían de soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 12 euros el billete (ida y vuelta).
Modernización de Castilla y León, que desarrolla un nuevo Mapa de Transporte
El consejero Suárez-Quiñones ha destacado que, coincidiendo con la puesta en marcha del Bono Rural gratuito, se iniciará un nuevo servicio de reserva de viajes vía web que convivirá con el número gratuito 900 204 020, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el teléfono móvil como medio de pago, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Al servicio de reserva de transporte a la demanda -implantado por la empresa tecnológica GMV- se accede a través de la página Carreteras y Transportes .
“Esta iniciativa supone también un avance en la modernización de Castilla y León, puesto que conlleva la extensión y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural”, ha señalado Suárez-Quiñones.
La puesta en marcha del Bono Rural de Transporte se alinea con los ejes estratégicos del Mapa del Transporte, actualmente en fase de información pública, que pretende un transporte comprometido con la ciudadanía, con la sostenibilidad y con la modernización tecnológica y, sobre todo, “comprometido con la movilidad en el medio rural, ya que se garantiza la accesibilidad territorial al generalizarse el transporte a la demanda, alcanzando el transporte público a las 6.200 localidades de Castilla y León, cuando ahora algo más de mil localidades no tienen aún transporte público”, ha remarcado el consejero.
Castilla y León, referente en movilidad pública
La Junta de Castilla y León ha venido desarrollando un sistema de transporte rural basado en las fórmulas de transporte a la demanda y transporte integrado, que incluye el transporte regular y el escolar, que ha convertido a la Comunidad en referente en cuanto a movilidad pública.
El Transporte a la Demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario, optimizando los recursos tanto de la Administración como de los operadores de transporte. Como dato al respecto, con el Transporte a la Demanda en Castilla y León los autobuses de la concesión han ahorrado 2,5 millones de litros de combustible y 7,3 millones de kilómetros de viajes, el 75 % menos que un servicio regular, convencional o presencial) y se han dejado de emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de CO2, ya que si no hay reservas el servicio no se presta y en el caso de que se preste solo se haría en las localidades en las que hay reserva, sin obligación de entrar en el resto de las localidades de la ruta.
Tras 17 años de funcionamiento, el transporte a la demanda ha demostrado la utilidad y ventajas de este sistema en un escenario de dispersión de población y baja densidad demográfica, y ha conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.
El Transporte Integrado presta simultáneamente servicios de uso general (dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado) y de usos más restringidos (grupos específicos de usuarios –en este caso escolares-) compartiendo un mismo vehículo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración.
Se basa en reservar (por la Administración educativa) determinadas plazas en el transporte público regular de uso general para ser utilizadas exclusivamente por escolares y acompañante/s. El resto de las plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de transporte público regular de viajeros de uso general. Estas plazas se gestionan conforme al sistema de “transporte a la demanda”, que permite al ciudadano hacer llegar sus necesidades de transporte a través de métodos telefónicos gratuitos y telemáticos.
La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano; y de acuerdo con esto, las administraciones públicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros.
La crisis sanitaria elevó los déficits de explotación hasta superar los 27,5 millones de euros debido a la caída de la demanda cerca de un 70 % y que obligó a la Junta a utilizar fondos extraordinarios de financiación en el apoyo de la Junta a garantizar el equilibrio económico financiero de las concesiones, lo que ha supuesto una ayuda esencial para el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo en el sector.
