La ULE abre el plazo de matriculación al Máster en Derecho de la Ciberseguridad

Está dirigido a graduados en Informática y en Derecho y ofrece 30 plazas para formación específica en TICS y seguridad, en un momento en que León aspira a sede del Centro Europeo de Tecnología y de Investigación en Seguridad.

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El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la candidatura de la ciudad de León para acoger la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Seguridad. Dicho centro es el principal instrumento de la Unión Europea para poner en común las investigaciones en materia de ciberseguridad, “un área en la que España ocupa una posición de referencia a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), cuya sede está en León, según advertía un comunicado del Gobierno.

Esta candidatura unida al aumento de los ingresos en el sector de ciberseguridad, del 7% en 2019 al 15% en la previsión para este año, y el crecimiento en el número de empresas del sector TIC en toda la geografía, se presentan, sin duda, como escenarios idóneos para que los egresados de la Universidad de León (ULE) valoren su formación de posgrado en un ámbito muy específico como es el que oferta el Master Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital que coordina la profesora de la Facultad de Derecho, Isabel Durán.

Este máster se estrenó hace dos años y es el único de estas características a nivel nacional. Isabel Durán destaca que el programa del máster es excelente por contenidos y profesionales que participan y asegura que en las dos promociones se inscriben más estudiantes de fuera de León y de España. “Espero que este año sean los estudiantes de la ULE los que se animen a formarse en este programa, más aún cuando el Gobierno apoya la candidatura de León para el Centro Europeo y donde ya tenemos aquí el Instituto Nacional de Ciberseguridad”.

Hay que destacar que el master –con una oferta de 30 plazas disponibles- responde a la demanda del mercado laboral sobre una formación específica en la parte jurídica y regulatoria en el ámbito de la ciberseguridad, y es el primero homologado en Europa, solo existen otros siete másteres similares en Norteamérica.   Enmarcado dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas el Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital –que este año ha contado con trece alumnos, la mayoría procedentes de países latinoamericanos- oferta un plan de estudios que trata de dar respuesta a los nuevos retos a los que se enfrenta el Derecho a raíz de los avances en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

En este sentido, sus contenidos abarcan desde el conocimiento de aspectos técnicos de la ciberseguridad hasta cómo identificar vulnerabilidades y ciberriesgos en organizaciones y empresas, aplicar las medidas de protección de las libertades y derechos fundamentales dentro de un entorno digital y todo aquello que tenga relación con la aplicación de los principios básicos de la responsabilidad legal y social de una empresa dentro del ámbito digital.

Dirigido especialmente a graduados en Derecho e Ingeniería Informática, este Máster contiene un alto grado de inserción laboral al tratarse de un tema novedoso en la sociedad de la información. Así, la formación habilita para ejercer como delegado de protección de datos, abogado especialista en ciberseguridad y asesor jurídico especializado en derecho de las nuevas tecnologías, entre otras muchas salidas profesionales. Por último, hay que referirse al apoyo de la Fundación Carolina, entidad que colabora con el máster desde 2018 y que este año ofrece dos becas a los estudiantes.

El personal docente que ofrecerá la formación a los alumnos procede de  instituciones que han mostrado su interés y compromiso en integrarse en la docencia y las sesiones prácticas programadas en el máster. Entre esas entidades colaboradoras destacan, además del INCIBE, el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), el Centro Criptológico Nacional (CCN), el Departamento de Seguridad Nacional, el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT), el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de León y el Mando Conjunto de Ciberdefensa, entre otros.

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