Más de 2.000 ciudades de todo el mundo se iluminarán, un año más, para mostrar el rechazo de la sociedad a la pena de muerte, un castigo cruel, inhumano y degradante contra el que Amnistía Internacional lleva luchando desde hace décadas y en recuerdo de la primera abolición de la pena capital, en el Gran Ducado de Toscana en 1786.
El jueves día 28 de noviembre, el grupo local de Amnistía Internacional en León, realizará un acto de calle en Botines a las 19:00 horas, iluminando un mensaje en contra de la pena de muerte y recogiendo firmas. El viernes 29, tras la finalización del Pleno Municipal que tendrá lugar en el Ayuntamiento de San Marcelo, Amnistía Internacional leerá un manifiesto y desplegará una pancarta para recordar que León es una Ciudad por la Vida y en contra de la Pena de Muerte.
En 1977 sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad la mayoría de los países del mundo, 106, han abolido ya por completo la pena de muerte. A pesar de la mejora de los datos aún queda mucho por hacer: numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y se tenía constancia de que, a finales de 2018, había al menos 19.336 personas condenadas a muerte.
A pesar de una disminución significativa en el número de ejecuciones, Irán llevó a cabo más de un tercio de las ejecuciones registradas a nivel mundial. Irak cuadruplicó la cifra de condenas a muerte de las 65 en 2017, a 271 en 2018. En Egipto, el número de sentencias a muerte incrementaron en más del 75%, de 402 en 2017, a 717 en 2018. Además, países como Botswana, Sudán, Taiwan y Tailandia reanudaron las ejecuciones en 2018.
La pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Este año Amnistía Internacional está haciendo campaña por el caso de Mohammad Reza Haddadi. Con sólo 15 años, fue condenado a muerte en 2004. Su ejecución ha sido programada y cancelada seis veces, la última debido a la indignación mundial. Ya lleva 14 años —gran parte de su juventud— en una situación de terrible ansiedad y constante trauma por su ejecución inminente. Cuando fue detenido, Mohammad Reza se confesó autor del asesinato durante los interrogatorios. Pero pronto se retractó, y afirmó que sólo había confesado porque sus coacusados lo habían coaccionado. Posteriormente, ellos también retiraron las declaraciones en las que implicaban a Mohammad en el crimen y ahora cumplen penas de cárcel por asesinato. Sin embargo, Mohammad Reza sigue enfrentándose a ser ejecutado. Esto es injusto. Su caso muestra el vergonzoso uso por parte de Irán de la pena de muerte contra personas de menos de 18 años, lo cual viola el derecho internacional de los derechos humanos.
