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Los senadores socialistas por León, Salvador Vidal y Carmen Morán, han respaldado con su voto en la Cámara Alta la Ley de Memoria Democrática, que ensancha los derechos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Aprobada por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, la ley sale adelante tras superar los cuatro vetos de la derecha y más de 500 enmiendas, fijando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a acceder a la justicia y la reparación, y a que mediante la memoria se les garantice la no repetición de los hechos sufridos.
“Esta ley, fruto del acuerdo de la mayoría, es el primer texto legal que condena el golpe militar de 1936 y la dictadura posterior”, declara el senador socialista, “una gran ocasión para mejorar la normativa anterior, ya que se vertebra en torno a cuatro principios de derecho internacional humanitario: el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria”.
Salvador Vidal añade que la norma “reconoce la ilegalidad de los tribunales y sanciones franquistas, así como el papel de las mujeres españolas en defensa de los valores democráticos, apareciendo la memoria en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”.
Para Carmen Morán, se trata de una ley que “salda una deuda histórica con quienes defendieron la democracia” y coincide con su compañero al señalar el reconocimiento especial que con la puesta en marcha de esta norma se hace a “las mujeres viudas, represaliadas y encarceladas durante el franquismo, quienes salieron adelante en silencio, pero con dignidad”.
La ley, que prevé medidas para la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, “pone el énfasis en la reivindicación de los valores democráticos y la historia de cómo se conquistaron y ejercieron los derechos y libertades fundamentales, reconociendo a las personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la promulgación de la Constitución en 1978”, en palabras de Morán.
Luz verde a la ley que indemnizará los envenenamientos por amianto
El Senado también ha aprobado, por unanimidad, un fondo para resarcir a las víctimas del asbesto y a sus familiares, dotado con 25 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Según la proposición de ley aprobada, se utilizará para reparar de manera íntegra los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a sus herederos. Una ley que, para el senador Salvador Vidal, “resuelve una deuda histórica con los afectados, demostrando el compromiso del Estado con la defensa de sus derechos”.
