Los trabajadores públicos en abuso de temporalidad de las administraciones de León se movilizan el próximo día 22

Ya no caben palabras vacías ni excusas de encaje jurídico. Y si el pago de indemnizaciones sigue adelante, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, se verían en serios problemas económicos.

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MARTES 22 de junio (11h a 12 h), los trabajadores públicos en abuso de temporalidad de las administraciones de León, con el apoyo de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, se movilizan concentrándose en la Subdelegación de Gobierno, Plaza de la Inmaculada, de la capital leonesa, para exigir a las Autoridades Públicas de León y al Consejero de la Junta, Ángel Ibáñez que cumplan las recientes Sentencias del 2 y 3 de junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión Europea, ha entregado a Pedro Sánchez el resultado de la Evaluación del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que el Gobierno propuso hace 2 meses a Bruselas para recibir los 140 millones de los fondos de recuperación “Next Generation”; una de las condiciones impuestas a España fue disminuir la Temporalidad en el sector privado (22%) y en el Sector público (30%), que afecta a más de 900.000 empleados públicos, víctimas del abuso de la contratación temporal de las Administraciones. La Comisión y el Consejo de Europa ya han advertido al Gobierno español que estas medidas se vigilarán y deberán ser acordes con la normativa Europea, si se quiere cobrar el resto de los fondos, y de momento, Yolanda Díaz está haciendo bien sus deberes con sus medidas contra la precariedad en su reforma laboral, mientras que el ministro Miquel Iceta sigue negociando con los sindicatos medidas para el Sector Público contrarias a la normativa europea, y rechazadas por las recientes Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

El ministro de Política Territorial Miquel Iceta, más preocupado por los indultos catalanes, que por resolver el abuso de temporalidad en las administraciones planteó de forma precipitada a la Comisión dos vías para solucionar la tasa de temporalidad mayor de Europa, y que ayer llevó a la mesa de negociación con los sindicatos CSIF, UGT Y CCOO. El ministro sigue sin entender que los fallos de las Sentencias del Tribunal de Luxemburgo se deben cumplir y que cualquier medida contraria a estas sentencias que se negocie será rechazada por Europa.

La primera medida de Iceta para reducir la temporalidad en el empleo público con el beneplácito interesado de los sindicatos es ACELERAR LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL RECOGIDOS EN LAS LEYES DE PGE DE 2017 Y 2018 (negociados con los sindicatos mayoritarios) y AMPLIAR DICHOS PROCESOS SELECTIVOS con las OPES DE 2019 y 2020 (también con el beneplácito de CCOO, UGT y CSIF) que incluyen plazas estructurales ocupadas por trabajadores temporales en los tres años anteriores a 31 de enero de 2020.  Esta propuesta obliga a los responsables de Función Pública de todas las CCAA y Ayuntamientos a que dichos procesos se convoquen antes de que termine 2021 y finalicen antes del 31 de diciembre de 2024.

Acelerar los procesos de estabilización solamente se traducirá en un DESPIDO/CESE LIBRE Y GRATUITO de cientos de miles de empleados públicos, el 70% mujeres y con una media de edad de 52 años, que ya superaron uno o varios procesos selectivos para acceder a la Administración cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad y que no pudieron consolidar su plaza por culpa de sus administraciones.

¿Qué dice el TJUE en la sentencia del pasado 3 de junio al respecto?

De forma tajante, concluye que la crisis económica del 2008 no puede servir de justificación para anular o restringir la protección de la que gozan los trabajadores con contrato de duración determinada, ni justificar la inexistencia, en el derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar su utilización abusiva en el Sector Público.

ES DECIR, QUE LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE ICETA SIGUE LLEVANDO A LA MESA DE NEGOCIACIÓN CON LA EXCUSA DEL MÉRITO Y CAPACIDAD, Y QUE HA PROPUESTO A LA COMISIÓN EUROPEA, NO SON CONFORMES CON EL DERECHO DE LA UNIÓN: NO CUMPLEN CON LA DIRECTIVA 1999/70/CE Y NO CONTEMPLAN LOS CASOS DE ABUSO.

Los procesos “DE FALSA ESTABILIZACIÓN”, no son adecuados ni para prevenir ni para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales por varias razones: 1º POR INCUMPLIR LOS PLAZOS LEGALES, 2º porque  LA ADMINISTRACIÓN QUE HA INCUMPLIDO, NO PAGA POR SU NEGLIGENCIA, 3º porque las víctimas del abuso DEBEN COMPETIR CON PERSONAS QUE NO LO HAN SUFRIDO y 4º PORQUE SON DE RESULTADO INCIERTO Y DEBERÍAN ASEGURAR SU ESTABILIDAD, PRINCIPAL OBJETIVO DE LA DIRECTIVA.

La segunda propuesta de Miquel Iceta, para evitar el abuso de temporalidad en las Administraciones, a futuro, es la reforma del Artículo 10 del EBEP. El borrador ha sido rechazado por juristas y sindicatos, porque la reforma pretende relajar todavía más los límites legales al uso de la contratación temporal y porque ignora de nuevo la normativa Europea. Y la novedad es incluir INDEMNIZACIONES para los trabajadores cesados, lo que supondrían cientos de millones de euros que serían inasumibles por las Comunidades Autónomas y mucho menos por Ayuntamientos y Diputaciones; y que pagarían todos los ciudadanos, cosa que parece importarle muy poco.

El nuevo EBEP NO ESTABLECE NINGUNA MEDIDA PARA SANCIONAR LOS ABUSOS DE LAS ADMINISTRACIONES SOBRE LOS TRABAJADORES INTERINOS, ignorando de nuevo el Derecho de la Unión y dejando sin efecto la cláusula 5ª del Acuerdo Marco de la Directiva en el Sector Público.

A este respecto, la Sentencia del 3 de junio es contundente con el Gobierno y con el Tribunal Supremo, ya que concluye que, nuestro ordenamiento jurídico no tiene ninguna medida para prevenir y sancionar el abuso de contratación temporal en el sector público, permitiendo el abuso de contratos temporales; y pide al legislador español y a los jueces que utilicen el único ordenamiento interno que sí cumple la Directiva, haciendo referencia al sector privado, dónde sí se sanciona al empresario con la conversión a indefinido del trabajador con 2 años sucesivos de contratos temporales, que Yolanda Díaz quiere disminuir a tan solo 1 año; mientras que la Administración mantiene en Fraude de ley a sus empleados sin consecuencias durante 3, 10 y hasta 30 años.

El Tribunal de Luxemburgo, en varias sentencias, ha repetido que toda Autoridad Pública tiene la obligación de cumplir con el objetivo de la Directiva Europea. La máxima autoridad pública en Castilla y León, con responsabilidad en materia de función pública, el Consejero de Presidencia Ángel Ibáñez, en declaraciones a La Gaceta, el pasado 10 de mayo  afirmaba, que la Junta de Castilla y León estabilizará el empleo público, si no lo hace el Gobierno, utilizando todos los mecanismos jurídicos para reducir la temporalidad si el plan de Iceta no sale adelante.

Los empleados públicos, víctimas de abuso de temporalidad de las Administraciones de Castilla y León, exigimos a la Junta y al Consejero de la Presidencia, que cumpla sus declaraciones.

Las herramientas jurídicas se las ha servido en bandeja el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sus recientes sentencias, y como autoridad pública tiene la obligación de cumplirlas, empezando por eliminar de las ofertas de empleo público y de cualquier proceso de provisión, las plazas ocupadas por personal temporal en abuso, para evitar ceses injustos e ilegales. Ya no caben palabras vacías ni excusas de encaje jurídico. Y si el pago de indemnizaciones sigue adelante, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, se verían en serios problemas económicos.

Las propuestas del Gobierno, especialmente los procesos selectivos, han sido rechazados por el Tribunal de Justicia, que además ha sentenciado que en España no existen medidas para prevenir y sancionar el abuso. ¿Establecerá la Junta de Castilla y León esas medidas? ¿Cumplirá el Consejero con sus declaraciones  y con las sentencias, y estabilizará al personal en abuso con su permanencia en el puesto de trabajo con la única medida aceptada por Europa, como “personal indefinido a extinguir”?  o por el contrario, ¿seguirán las Administraciones de Castilla y León abusando de sus empleados e incumpliendo la primacía del Derecho Comunitario? ¿Obligarán a los ciudadanos de Castilla y León a pagar indemnizaciones millonarias inasumibles, al mismo tiempo que aumentan su tasa de desempleo?