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En este procedimiento se han investigado los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas de Alejandro de Pedro.
En la sentencia, los jueces de la Sección Primera imponen una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial a Martínez Barazón, así como a quienes fueran coordinador general y exdiputado provincial también por el PP, Pedro Vicente Sánchez, y Jesús ‘Suso’ López Sánchez, respectivamente. Se les aplica una atenuante simple de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido en la instrucción, un total de cerca de nueve años.
La sentencia no conlleva prisión para ninguno de ellos, ya que absuelve a los acusados de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho, todos ellos reclamados por la Fiscalía Anticorrupción, así como de cohecho, como pedía la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade)ADADE.
La Sala considera que no ha quedado acreditado que los servicios de reputación online ni de posicionamiento Seo en Google realizados por Eico Online se hubieran realizado en favor y en beneficio personal.
La sentencia también concluye que “en toda la documentación que se ha intervenido y que obra en la causa, respecto a este aspecto concreto, no existen noticias de carácter particular o personal de dichas personas, sino que todas las noticias hacen relación a actividades, bien de la propia Diputación como ente institucional, o bien a actividades de tales presidentes en su condición del cargo que ostentaban, el de la Presidencia de la Diputación”.
Marcos Martínez, a través de un comunicado de prensa, hace llegar las siguientes puntualizaciones:
Tras una primera lectura rápida de la Sentencia, y sin haber entrado -como se debe- a analizar en profundidad la misma, las conclusiones iniciales que de la misma se pueden hacer son:
1º.- He resultado absuelto de los delitos importantes que me han sido imputados: delito continuado de fraude a la Administración, delito continuado de falsificación en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos; así como del delito de cohecho interesado además por la acusación pública.
2º.- La sala me atribuye un delito continuado de fraude a la Administración, por el modo en que se llevó cabo la contratación de los medios del Sr. Alejandro de Pedro, olvidando por completo que éste fue el modo de proceder con LA TOTALIDAD DE LOS MEDIOS, y teniendo en cuenta que la sentencia se refiere constantemente a “irregularidad administrativa”, cuestión distinta a “ilegalidad”, sin que además cite ésta la Resolución conculcada.
3º.- La sentencia corrobora que todo lo realizado por mí ha sido en beneficio de la Diputación, que JAMÁS empleé dinero público en mi beneficio o para trabajo de reputación personal alguno, y que NUNCA, JAMÁS me he quedado con dinero público alguno.
4º.- Me reservo todas las acciones pertinentes frente a aquellas personas que desde que la noticia salió en prensa me han venido difamando a través de diversos medios y redes sociales.
Cabe destacar que los tres son funcionarios públicos y que los dos primeros son actualmente alcaldes electos, recién reelegidos con sendas mayorías absolutas en sus respectivos municipios, Marcos Martínez Barazón en el ayuntamiento de Cuadros y Pedro Vicente Sánchez en el de Puebla de Lillo, ambos se han presentado a las elecciones como independientes.
