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Ante la creciente demanda de pruebas de diagnóstico de coronavirus con motivo de las próximas reuniones familiares por Navidad, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desea aclarar la utilidad y conveniencia de las pruebas rápidas de antígenos y anticuerpos que se ofrecen en clínicas y laboratorios privados por un precio de oscila entre los 35 y los 100 euros.
El test rápido de antígenos es una de las pruebas de infección activa indicadas en caso de sospecha de infección (la otra es la conocida PCR) y precisa de un profesional para extraer una muestra nasofaríngea del paciente. El resultado, disponible en unos pocos minutos, puede ser positivo, en cuyo caso indica una infección, o negativo, lo que prácticamente descarta la infección, aunque en algunos casos, según criterio médico, será necesario confirmarlo con la realización de una PCR. En la actualidad el Ministerio de Sanidad está valorando, a petición de algunas comunidades autónomas, la posibilidad de que se pueda hacer en farmacias cuando cuenten con los medios necesarios. De hecho, la generalización de su uso se considera uno de los elementos que han contribuido a que la segunda ola de la pandemia haya empezado a controlarse.
Las pruebas de anticuerpos, por su parte, no detectan una infección activa, sino una infección pasada (los anticuerpos IgM e IgG que el organismo ha fabricado en respuesta al virus). En este caso es fundamental una correcta interpretación médica de los resultados: un positivo no tiene por qué indicar una infección activa, mientras que un negativo no garantiza que el paciente esté libre del virus en ese momento, todo un riesgo, ya que puede generar una falsa sensación de seguridad. Hasta ahora este tipo de pruebas, fuera rápidas o no (test Elisa) implicaban un análisis de sangre, pero en los últimos días se han empezado a comercializar kits rápidos autodiagnósticos en farmacias bajo receta médica que utilizan como muestra un poco de saliva o una gota de sangre. El problema con ellos es que, además de su escasa utilidad como indicadores de infección activa, pueden causar una sobrecarga del sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prescripción como para resolver las dudas generadas por los resultados.
En definitiva, dada la peculiaridad de las distintas pruebas y sus distintos fines, OCU pide directrices claras al Ministerio de Sanidad. Al tiempo que aconseja prudencia a los ciudadanos y no sacar conclusiones de este tipo de pruebas sin un adecuado asesoramiento médico. En el caso de querer realizar en estas fechas una de estas pruebas en una clínica o un laboratorio privado, OCU considera que la mejor opción sigue siendo la realización de una prueba de infección activa: bien un test de antígenos o, mejor aún, una PCR, la prueba de mayor sensibilidad en personas infectadas que todavía no han desarrollado síntomas. Eso sí, manteniendo las mayores precauciones posibles hasta la celebración de la reunión familiar (y durante la misma): uso de mascarilla, distancia física y adecuada ventilación de los espacios interiores.
