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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra que el Ministerio de Consumo haya decidido impulsar una nueva normativa que ataje las tarifas adicionales en servicios de atención al cliente. Tarifas denunciadas como abusivas por OCU desde hace años por tratarse en muchos casos del único canal de comunicación telefónica con la empresa con la que se había contratado un producto o un servicio y que, por su excesivo coste, desincentiva buena parte de las consultas y reclamaciones. De hecho, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó la ilegalidad de estas numeraciones que, como es el caso de los 902, exceden los costes de una linea telefónica geográfica o móvil estándar.
Ahora bien, OCU no cree que sea buena idea eliminar dicha numeración en los servicios de atención al cliente. Mantener los 902 es útil y práctico para la comunicación: identifica fácilmente a las empresas y ayuda a la memorización del número. Por ello considera que la solución debe pasar por equiparar la numeración 902 a la de los números geográficos a los que sustituye, de forma que pasen a estar cubiertas por los bonos y las tarifas planas de las operadoras telefónicas. Una propuesta que comparte también la propia Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones (CNMC).
OCU pide además al Ministerio de Consumo que se haga lo mismo con los números de teléfono que empiezan por 901, de coste compartido pero muy superior al normal, que siguen utilizando algunas administraciones públicas. Con más razón si cabe en las circunstancias actuales, cuando por motivo de las restricciones a la movilidad y presencialidad es recomendable priorizar las gestiones a distancia. El coste tipo de números, similar a los 902, deben equipararse al de una llamada normal y poder incluirse así también en las tarifas planas de los operadores telefónicos.
