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“Queremos conocer, señor Fernández Carriedo. Descubrir lo que se ha hecho mal y que situaciones como estas no emborronen el buen nombre del Gobierno de Castilla y León. Y esto no es un supuesto, señor consejero. Las supuestas tramas que investigamos aquí, han dañado la imagen de la Comunidad de Castilla y León”, ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Investigación de las Eólicas, Francisco Javier Panizo.
Panizo, que ha interrogado a Fernández Carriedo por su etapa de consejero de Medio Ambiente (2004-2007), ha descrito esta presunta trama como “un mosaico de, supuestamente, proyectos troceados, aprobaciones de declaraciones de impacto medioambiental extremadamente ágiles, compras a precios mayores que los precios de mercado o derechos de construcción y mantenimiento casi invisibles para la administración”.
El procurador por León ha mostrado su interés por el método de expedición de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y su papel en este proceso, imprescindible para la adjudicación de estos parques y del seguimiento de los mismos. En concreto, se ha referido al caso de Ibervento – una empresa cuyo director llegó a escribir al exvicepresidente Herrera para advertirle de supuestas irregularidades y que apareció en diversos medios de comunicación.
“¿Nunca les llegó algún comentario o queja de algún responsable territorial de Medio Ambiente sobre este caso o casos similares a este?”, ha preguntado. “¿Y no les llamó la atención que en el caso de Ibervento, en el año 2006, se autorizase en dos días lo que llevaba tres años parado?”, ha continuado Panizo.
El parlamentario autonómico también le ha preguntado por las comunicaciones que tenían en el seno del Gobierno autonómico sobre estos casos: “Estos atascos tan aparentes en un sector tan importante para el futuro de la Comunidad, ¿nunca consultó al exconsejero o el exviceconsejero de Economía? ¿Si tenían constancia de paralización por parte de la Consejería?
Otro asunto que ha destacado el procurador leonés han sido las atribuciones del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, que a través de la Instrucción 2/2004 recibió plenos poderes sobre este asunto. “¿No les pareció inusual o incluso excesivo?”.
Por último, Francisco Javier Panizo le ha recordado que esta Comisión de Investigación “no es un tribunal, pero sí un ejercicio de dación de cuentas políticas. Ante los hechos que nos comenta, ¿en qué situación queda su Consejería en este caso? Y en las situaciones como las de Ibervento, o algunos más como Montes Torozos, ¿plantearon algún tipo de modificación para evitar situaciones cuando menos poco rigurosas en su departamento? ¿Se plantearon esos cambios con criterios técnicos o políticos?”, ha concluido.
