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El Popular de León ha registrado ya mociones en la Diputación, Consejo Comarcal del Bierzo y, entre otros, en los Ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo en defensa de la libertad de las familias de la provincia a la hora de elegir modelo educativo para sus hijos. En la moción los populares muestran su rechazo a las imposiciones ideológicas del Gobierno de España con la Ley Celaá ante lo que consideran “un ataque frontal a la libertad de enseñanza que ampara la Constitución Española”.
Desde el Partido Popular afirman que la nueva ley significa “la ruptura del Pacto Constitucional de la Educación y la eliminación de las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española al impedir las familias elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos”. Consideran además absolutamente inadmisible que PSOE y Unidas Podemos se hayan aliado con ERC para aprobar una enmienda que elimina el castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la educación, y les recriminan la crispación que se está creando en torno a dos modelos educativos que hasta ahora siempre han convivido en perfecta harmonía en el sistema español, como son la enseñanza pública y la concertada. “La conocida como Ley Celaá no solo ataca directamente a la educación concertada y privada en España, sino que intenta arrinconar el español como lengua, algo impensable en cualquier país del mundo”.
Lamentan que, por primera vez en la historia de la democracia, en lugar de centrar los esfuerzos en mejorar el sistema y en dar respuestas a las demandas de sus profesionales y del alumnado, se haya dejado a un lado a la comunidad educativa para la elaboración de una Ley de Educación, “intentan vender una reforma educativa que en realidad no es otra cosa que la imposición de su modelo ideológico”.
Por todo ello, los populares presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la provincia con el objeto de instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias, garantizando el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a la que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, respetando y cumpliendo el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral “de acuerdo con sus propias convicciones, y no con las del Gobierno de turno”.
