El Procurador del Común pide una mayor atención a los alumnos con dislexia

Ahora León / Procurador del Común

El Procurador del Común abordó de oficio la problemática que presentan los alumnos con dislexia, enfermedad catalogada por la OMS y que, a grandes rasgos, se define como un trastorno específico del aprendizaje de origen neurológico que, sin afectar a la inteligencia, se manifiesta a través de dificultades en la lectura, dificultades en la comprensión de lo que se lee, dificultades ortográficas y dificultades para la expresión escrita.

El Procurador se dirigió a la Consejería de Educación para que se le indicara el número de alumnos con dislexia indicando desde la administración que no existen datos estadísticos específicos sobre alumnado con diagnóstico específico de dislexia, datos que habrían de extraerse de los informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización y adaptaciones curriculares hechas a los alumnos, documentos estos que se encuentran en los expedientes de cada uno de los alumnos, sin tener reflejo en la aplicación ATDI (Atención a la Diversidad) prevista en la Instrucción de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se establece el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros docentes de Castilla y León.

Se estima que los datos de alumnos con dislexia son significativos, y los mismos han de ponerse en relación con las reivindicaciones de quienes representan al colectivo afectado, y que se están haciendo patentes, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, para que el alumnado reciba, en el ámbito educativo, en un primer momento, la compresión de las dificultades que presenta su problemática y, en consideración a la misma, las adaptaciones que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial en cuanto a los aspectos relativos a la evaluación.

Para ello, en primer lugar, se propone un diagnóstico inicial del trastorno, para lo que sería efectiva una guía o protocolo en el que, por ejemplo, a través de una tabla de indicadores de alerta, se llegara a una detección del problema lo más tempranamente posible en el entorno educativo, sin perjuicio de las aportaciones que en dicho sentido pudieran venir dadas a través de agentes externos.

Una vez detectado que el alumno presenta un cuadro de dislexia, deben establecerse medidas específicas acordes con sus necesidades. Se reitera, a estos efectos, aunque dependiendo de cada caso, la demanda de la adaptación de los tiempos para realizar exámenes, la adaptación de los modelos de los exámenes (tipo y tamaño de la fuente del texto del examen, permitir el uso de hojas en blanco adicionales, etc.), adaptación de la evaluación a través de pruebas orales, escritas, tipo test, etc., proporcionar la lectura de los enunciados de las preguntas de los exámenes, uso de aulas separadas para la realización de exámenes, etc., a lo que abría de unirse, en todo caso, la comprensión de la problemática que presenta el alumno día a día en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, cuando tiene que leer en presencia del resto de los alumnos de su clase.

Al margen de lo anteriormente expuesto, relativo al tratamiento de la aplicación informática ATDI (Atención a la Diversidad), en la que ya no aparece como una tipología propia del grupo de dificultades de aprendizaje la dislexia, y de la aplicación genérica de la normativa que regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, fundamentalmente la Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, lo cierto es que, en estos momentos, no se cuenta con unos instrumentos genéricos que protocolicen las actuaciones que deben llevarse a cabo para la detección precoz de los alumnos con dislexia, y que permitan adoptar medidas revisables periódicamente para dar respuesta a las necesidades que presentan dichos alumnos, en particular en lo que respecta a su evaluación.

No obstante, la Consejería de Educación, a través del informe remitido, ha anunciado el inicio de la elaboración de un protocolo específico para la detección temprana de dificultades de aprendizaje en lectoescritura para el próximo curso escolar 2018/2019, como una de las actuaciones desarrolladas al amparo del II Plan de Atención a la Diversidad (2017-2022), y que se sumará a otros protocolos ya existentes en distintas fase de aplicación, como el previsto para alumnos con altas capacidades y para alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Por otro lado, la atención del alumnado con dislexia resultaría favorecida por la existencia de una acción formativa dirigida al profesorado que habría de comprender la problemática existente, señalando al efecto la Consejería de Educación que el Plan Autonómico de Formación del Profesorado contempla, para cada curso escolar, actuaciones formativas para comprender la especificidad de algunas dificultades de aprendizaje. Más concretamente, se hace alusión a cinco actividades formativas que se llevarán a cabo en el curso escolar 2017/2018, con una duración total de 100 horas, con 150 plazas que se ofertarán, aunque no se concreta si en dichas actividades formativas la dislexia tienen una atención individualizada, o es englobada en el conjunto de dificultades de aprendizaje.

Con todo, a través de la oportuna resolución, se ha recomendado a la Consejería de Educación que se valorara la conveniencia de atribuir a la dislexia el rango de tipología específica, separada de otras dificultades  específicas de aprendizaje, a los efectos de su inclusión en la aplicación ATDI (Atención a la Diversidad), en la medida que ello contribuya a dar una mejor respuesta al alumnado con dislexia; que, en la línea de lo ya proyectado por la propia Consejería de Educación, se elabore un protocolo específico para la detección inicial de la dislexia en el ámbito educativo y la determinación del tipo de medidas referidas, muy especialmente, a la evaluación que ha de aplicarse al alumno con dislexia en la Comunidad de Castilla y León; que se incida en la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al profesorado que tengan por objeto la problemática de los alumnos con dislexia; y que se mantengan los contactos de la Administración educativa con asociaciones o entidades que representen los intereses de personas afectadas por la dislexia en la Comunidad de Castilla y León, a los efectos de colaborar en la respuesta educativa que precisa el alumnado con dislexia, al margen de la participación que puedan estar teniendo ya en la elaboración del protocolo para alumnado con dislexia que pretende ponerse en funcionamiento.