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El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, valoró hoy el Real Decreto 15/2022 de Medidas Urgentes para hacer frente a la Extinción de los incendios forestales del Gobierno de España y recordó que la Junta tiene cinco meses para adaptar su operativo.
La “negligencia” en la gestión de los fuegos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha obligado al Gobierno a aprobar la semana pasada este real decreto pero no puede sustituir a la Junta en el ejercicio de su “competencia exclusiva” en materia de prevención y extinción de incendios.
Por eso, el Ejecutivo autonómico –al igual que el resto de comunidades autónomas- tiene la obligación de, en cinco meses, adaptar su operativo para garantizar el derecho de la protección de sus bienes, así como de la seguridad de las personas y la custodia del territorio.
“Un derecho que le ha sido hurtado por la Junta a los ciudadanos durante 35 años”, sostuvo, para acusar a Mañueco de provocar “dolor y ruina” con su “negligente” gestión de los incendios y de la protección del territorio de Castilla y León.
Con este decreto, añadió Vázquez, el Gobierno de España garantiza unas directrices comunes para que todas las comunidades autónomas, además de tener un homogéneo operativo de extinción de incendios forestales, garanticen también los criterios de seguridad y protección de todos los integrantes del operativo y con una cobertura integral para todo el territorio.
Además, la nueva norma, recordó, hará que sea la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la que determine cómo y cúando se van a declarar las épocas de riesgo de incendio en todo el territorio nacional.
Asimismo, prevé que antes del 31 de octubre todas las comunidades adapten su plan operativo de emergencias e incendios tanto con las previsiones de medios materiales y humanos como con la garantía de financiación y los medios de seguridad para sus miembros todos los años con publicidad y con participación. Plan que la Junta no ha modificado desde el año 1999.
Vázquez señaló también que, para evitar la “insumisión legislativa” que propone el nuevo PP de Feijoo, el Gobierno de España garantiza en este Real Decreto la cofinanciación de hasta el 50% de los costes de restauración y de reactivación socioeconómica de las zonas afectadas por los incendios. Pero eso sí, “la Junta tendrá que haber adoptado toda su regulación, todo su plan operativo, toda su planificación forestal al contenido de este real decreto”, remachó.
