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El senador popular por León Antonio Silván ha criticado con dureza que “Pedro Sánchez y su Gobierno perdieran el miércoles una votación fiscal importante en la Cámara Alta gracias a la iniciativa del Partido Popular porque no querían que el IVA de las peluquerías bajase del 21% al 10%. Como mal perdedor, el Gobierno ha anunciado que vetará el resultado para impedirlo, aunque suponga una estocada al sector. Pero nosotros daremos la batalla como hicimos con el IVA de las mascarillas, la luz o el impuesto de matriculación”.
El anuncio socialista de que ejercerá este veto para impedir que la rebaja del IVA a las peluquerías salga adelante en el Congreso ha provocado una oleada de malestar y protestas en toda España, ante lo que se considera como la puntilla a este colectivo que ha pedido miles de puestos de trabajo en los últimos meses en toda España.
La enmienda transaccional llegará esta semana al Congreso después de que fuese aprobada el miércoles en el Senado. El pacto de todos los grupos, salvo el PSOE, llegó a raíz de una enmienda transaccional presentada por el Partido Popular (PP) dentro de su proyecto de ley antifraude.
Fue Antonio Silván quien defendió el pasado marzo esta auténtica necesidad para el sector, que solo en la provincia de León cuenta con 1.800 autónomos asociados a este colectivo. El sector de la imagen personal, peluquerías, barberías y centros de estética ha mantenido las movilizaciones durante meses para lograr esta disminución del IVA y poder hacer frente a las duras consecuencias que la pandemia está provocando en sus negocios. El Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (Conepe) ya había anunciado que el 58% de las empresas del sector a nivel nacional (cerca de 50.000) no podrían sobrevivir más allá de seis meses; alrededor de un millar en la provincia leonesa.
Frente a la reducción del aforo y de los ingresos, la subida de la cuota de autónomos y más obligaciones, el Gobierno obvió el desastre económico de este sector. Por eso el sector ha elaborado una reclamación patrimonial en los tribunales por un valor de
150 millones de euros para neutralizar los efectos negativos de la deficiente gestión política y administrativa sobre la economía de las pymes, como explicó su presidente nacional, Luis Herrera-Portugal, quien explicó que esta reclamación estaba abierta a todos los centros, aunque no estén asociados al consejo, para lograr hacer más presión al Ejecutivo.
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