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La estrategia de vacunación frente al coronavirus establece que «todos los residentes de España serán vacunados», una frase simple pero que entraña más dificultad de la que parece. Los grupos prioritarios están claros: personas mayores, personal sanitario, enfermos vulnerables y personal esencial. Después todas las franjas de edades irán recibiendo paulatinamente las dosis de la vacuna, pero, ¿qué ocurre con los «sin techo», «sin papeles» o personas con una situación administrativa irregular?
Un reto complejo, pues muchas de estas personas ni figuran en ningún registro. Según recoge RTVE, desde el Gobierno esgrimen que las comunidades encargadas pues en el proceso de vacunación las competencias están transferidas y son quienes están realizando las labores de dicha materia. Pero lo cierto es que cada territorio está gestionando la vacunación de estos colectivos de una forma diferente, lo que dificulta que este proceso sea homogéneo.
Cada comunidad establece unos requisitos distintos
Al no ser una competencia centralizada, cada región ha establecido un protocolo diferente para inmunizar frente al coronavirus a estos colectivos. Por ejemplo, según indican en RTVE, en Asturias se ha notificado a los centros de salud dar el alta a estas personas para enviar sus datos a los centros de vacunación y solo se les pide presentar un documento identificativo.
Situación muy diferente de lo que ocurre en Madrid, donde exigen un empadronamiento de al menos 90 días para acceder a la vacuna, o en Castilla y León, que pide el DNI o el NIE en los centros de vacunación masiva. De esta forma, en lugar de un criterio único para vacunar a personas en situación vulnerable como personas sin techo o sin papeles, existen 17 protocolos.
Diferentes organizaciones que tratan con estos colectivos han pedido al Gobierno que lleve el tema al Consejo Interterritorial de Salud y que se introduzca una estrategia conjunta y de carácter estatal, pues de lo contrario muchos se quedarán fuera del programa de vacunación. También piden que se les incluya como prioritarios en la campaña de vacunación. Muchas de estas personas no tienen información sobre cómo proceder para poder vacunarse y otras muchas tienen miedo a identificarse por miedo a posibles represalias o expulsiones en el caso de los inmigrantes irregulares.
