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El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo solicitará al Seprona que incluya al municipio en sus misiones de vigilancia activa en aquellos lugares en los que se registran habitualmente los vertidos incontrolados. Así será después de que el Pleno aprobara por unanimidad una moción del Partido Popular de San Andrés del Rabanedo en la que incluye un paquete de medidas para intentar paliar los vertidos ilegales que, de forma muy preocupante, se producen en diversos puntos del municipio de forma muy habitual.
Así, tal y como argumentó el concejal del PP, Alfonso Astorga Redondo, la primera medida propuesta por el PP es que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) incluya al municipio dentro de las competencias de servicio para realizar así una vigilancia activa de los lugares en los que se producen vertidos ilegales en el municipio. Algo que es posible previa petición de la Alcaldía de este municipio. “Hay que tomar medidas más contundentes respecto a los basureros ilegales que existen en el municipio porque la situación es muy preocupante en algunos puntos y es imprescindible incrementar la vigilancia”, explicó el edil popular que también incidió en la importancia de la vigilancia diurna y nocturna por parte de la Policía Local en aquellos caminos en los que son frecuentes que se depositen todo tipo de basura, además de un incrementar las inspecciones sobre las licencias de obras que se conceden y que puedan dar lugar al vertido incontrolado de escombros.
Alfonso Astorga Redondo también hizo hincapié en la existencia que aunque existe legislación de Administraciones de superior rango, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo dispone de una Ordenanza de Protección General del Medio Ambiente que data del año 1996 y, por consiguiente, totalmente desfasada y dónde las sanciones aún se expresan en pesetas. Por este motivo considera fundamental que el Ayuntamiento inicie de forma inmediata los trámites para renovar y actualizar dicha normativa dando cobertura a las nuevas necesidades y estableciendo un apartado específico sobre la regulación y las sanciones relativas a los vertidos ilegales. “La regulación tiene que ser más específica y más estricta”, puntualizan desde el PP.
Otra de las propuestas de los populares, que insiste en que el municipio se tiene que hacer cargo de este problema al superar los 30.000 habitantes, es la ubicación de un Punto de Transferencia de Residuos, tal y como han hecho casi 200 municipios de la provincia a iniciativa de la Diputación Provincial de León. “Aunque en este caso el coste lo tendría que asumir el Ayuntamiento, no se trata de una cantidad muy elevada puesto que es otra de las cuestiones que se puede plantear fijándonos en el plan que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de León”, expresó el edil popular.
