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El Juzgado de lo Social Número 1 de León, en sentencia del cinco de abril de 2023, ha reconocido las demandas de UGT ante la empresa de Transportes J. Amaral Spanha SL (TJA) en el proceso iniciado el 12 de enero de 2023 en defensa de un trabajador de la empresa ante el despido disciplinario que la compañía lusa pretendía ejecutar. Ante esta situación de indefensión del empleado, los servicios jurídicos del sindicato han defendido con éxito la nulidad del despido y el Juzgado ha condenado a Transportes J. Amaral a la readmisión inmediata del demandante a su puesto de trabajo y a su indemnización por daños y perjuicios.
En una sentencia que desmonta claramente las acusaciones de la compañía hacia UGT, el juez reconoce que la “la única causa del cese del actor es represalia empresarial por haber ejercido sus derechos”. La sentencia —contra la que cabe recurso— certifica la defensa que desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT León se ha hecho en todo momento de la representación colectiva. Asimismo, la sentencia evidencia las prácticas irregulares de la empresa en las relaciones laborales y contradice las acusaciones vertidas en los medios de comunicación por el proveedor de servicios de mercancías sobre los representantes de UGT.
Esta central sindical espera que el hecho de haber probado las prácticas antisindicales que TJA lleva a cabo en su plantilla suponga el fin de las mismas. UGT considera que la ley es clara respecto a los derechos de representación de los trabajadores y que existe vías suficientes para resolver las discrepancias entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. UGT León, como ha demostrado ampliamente, está permanentemente abierta al diálogo. No obstante, como en este caso, UGT León seguirá acudiendo a los tribunales cuantas veces sea necesario para que se garanticen los derechos de los trabajadores y para que la creación de empleo y la búsqueda de los legítimos beneficios económicos no se realice en sacrificio de las condiciones pactadas en los convenios sectoriales o cualquier otra ley de aplicación a la actividad referida.
