UGT presenta sus demandas sindicales por una movilidad sostenible y segura

Desde UGT reivindican la aprobación de políticas municipales que garanticen el desarrollo de medidas climáticas que incluyan, si es necesario, nuevos planes de movilidad sostenible que tengan en cuenta conceptos como descarbonización y equidad.

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 Arranca la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, y UGT quiere aprovechar para sensibilizar sobre la necesidad de una movilidad sostenible y segura a través de una serie de demandas sindicales que implican al conjunto de la población, a las administraciones y a las empresas.

Cabe recordar que esta semana, se organiza en torno al “Día sin coches” que se celebra el 22 de septiembre, y recoge diferentes actividades que fomentan tanto el transporte público como la recuperación de espacios para peatones y ciclistas. Y es que, según los datos que aportan desde UGT Castilla y León el 40% de la energía consumida en nuestro país corresponde al sector del transporte que, además, es el responsable de más del 20% de las emisiones totales, de las cuales el 80% corresponde al transporte privado.

En este sentido, han indicado que alrededor del 70% de los desplazamientos al puesto de trabajo se realiza en automóvil, con una tasa de ocupación de 1,2 personas y una distancia media inferior a los 3 kilómetros, lo que supone “un alto coste económico y un aumento creciente de los accidentes in itinere” y sitúa a nuestro país a la cabeza de la UE en utilización del vehículo privado en trayectos menores de 3 km.

Así, este modelo de movilidad, además del despilfarro energético y de una apropiación excesiva del espacio público, “también es responsable de la modificación del clima por las emisiones de gases de efecto invernadero”. Por eso, tal y como señalan desde la organización, es fundamental que “el tema de la movilidad sostenible se aborde de una manera integral” y reclama, además, la implicación de las administraciones locales y de las empresas a la hora de llevar a cabo actuaciones específicas.

Estas actuaciones, según enumeran desde UGTCyL, deben pasar por un transporte público y/o colectivo más planificado y eficiente, incrementando su frecuencia a los polígonos industriales, la creación de aparcamientos disuasorios a la entrada de las ciudades en combinación con terminales de transporte público. Otro de los aspectos señalados desde el sindicato es el del fomento del uso de la bicicleta, con una planificación lógica de los carriles bici y aparcamientos.

Al mismo tiempo, consideran interesante el fomento del uso del coche compartido entre quienes vivan en zonas alejadas y no llegue el transporte público. Para ello sería necesario que se garantizara el aparcamiento preferente y su eficacia respecto al uso del coche privado con un solo ocupante. También han indicado la necesidad de disponer de una Ley Estatal de Movilidad Sostenible que establezca unas directrices básicas y que “ponga el acento no tanto en nuevas infraestructuras como en políticas de gestión de la movilidad, por un lado y, por otro, en un cambio modal enfocado al fomento de los medios menos contaminantes y más eficaces”.

Desde UGTCyL han insistido en la necesaria participación de todas las partes implicadas a la hora de crear instrumentos de planificación, de carácter obligatorio, en los ámbitos de las áreas metropolitanas municipales, en los polígonos industriales, así como en las empresas y centros de Comunicado de Prensa trabajo, para fijar las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto. Para el sindicato, “las ciudades tienen un papel básico en la elaboración de planes de adaptación y mitigación del cambio climático a través de las ordenanzas y normativas municipales. Sucede lo mismo con la Junta de Castilla y León en el ámbito autonómico”.

 Por eso, desde UGT reivindican la aprobación de políticas municipales que garanticen el desarrollo de medidas climáticas que incluyan, si es necesario, nuevos planes de movilidad sostenible que tengan en cuenta conceptos como descarbonización y equidad. El desarrollo de una movilidad sostenible guarda, según UGT, relación directa con el ámbito laboral. Por eso, desde el sindicato apuestan por incorporar la movilidad in itinere y la accesibilidad al centro de trabajo en la evaluación de riesgos laborales, excluir el permiso de conducir y la propiedad de vehículo como criterio de selección de personal (pueden ser condiciones complementarias pero no excluyentes) e incorporar en la Negociación Colectiva el criterio de reubicación preferente de trabajadores y trabajadoras a los centros de trabajo más próximos a su domicilio”.

Desde UGTCyL han insistido en la necesaria participación de todas las partes implicadas a la hora de crear instrumentos de planificación, de carácter obligatorio, en los ámbitos de las áreas metropolitanas municipales, en los polígonos industriales, así como en las empresas y centros de trabajo, para fijar las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto. Para el sindicato, “las ciudades tienen un papel básico en la elaboración de planes de adaptación y mitigación del cambio climático a través de las ordenanzas y normativas municipales. Sucede lo mismo con la Junta de Castilla y León en el ámbito autonómico”.

Por eso, desde UGT reivindican la aprobación de políticas municipales que garanticen el desarrollo de medidas climáticas que incluyan, si es necesario, nuevos planes de movilidad sostenible que tengan en cuenta conceptos como descarbonización y equidad. El desarrollo de una movilidad sostenible guarda, según UGT, relación directa con el ámbito laboral. Por eso, desde el sindicato apuestan por incorporar la movilidad in itinere y la accesibilidad al centro de trabajo en la evaluación de riesgos laborales, excluir el permiso de conducir y la propiedad de vehículo como criterio de selección de personal (pueden ser condiciones complementarias pero no excluyentes) e incorporar en la Negociación Colectiva el criterio de reubicación preferente de trabajadores y trabajadoras a los centros de trabajo más próximos a su domicilio.