UGT se reúne con la directora general de Economía Social de la JCyL para plantear el Complemento Autonómico para los trabajadores de los CEE

Según el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, “la integración implica la necesidad de que estos trabajadores sean tratados como un trabajador más, porque, a igual trabajo siempre tiene que haber igual salario, independientemente de las condiciones individuales del trabajador/a.

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Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León y Esther Valdunciel, responsable del sector de educación privada de UGT SSPP CyL se han reunido hoy con María Emma Fernández, directora general de Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo de la Junta con el fin de trasladarle la petición del sindicato de ofrecer un complemento autonómico a los trabajadores de los Centros Especiales de empleo de Castilla y León. Con su propuesta, en palabras de Valdunciel, pretenden que “parte de las subvenciones que la Junta de CyL destina a los CEE para promover la inserción socio laboral de las personas con discapacidad lleguen directamente a los trabajadores/as de dichos centros con el fin de que la integración sea real y no persista la discriminación que existe actualmente hacia ellos. Hay que recordar que estos empleados están desempeñando la misma labor, pero tienen retribuciones muy distintas”.

Por eso, según el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, “la integración implica la necesidad de que estos trabajadores sean tratados como un trabajador más, porque, a igual trabajo siempre tiene que haber igual salario, independientemente de las condiciones individuales del trabajador/a.

Y es que, integrar no es consiste solo en tener acceso a un trabajo, sino en ser tratado en igualdad”. Y es que, tal y como recoge la página de la JCyL, los Centros Especiales de Empleo tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran los trabajadores con discapacidad.

Pretende ser un medio de integración del mayor número de trabajadores con discapacidad al régimen de trabajo normal. De hecho, en Castilla y León, existen, en la actualidad, más de 250 centros de este tipo que dan servicio a más de 5900 trabajadores. El crecimiento de estos centros se ha quintuplicado desde su nacimiento en 1997, según la organización sindical, por las ventajas fiscales y económicas que ofrecen a estas empresas. Estos centros pueden ser de iniciativa social o con ánimo de lucro.

En este mismo sentido, “si las empresas reciben un trato fiscal más favorable que las ordinarias” explican desde UGT, “estas ventajas tienen que llegar también al trabajador en forma de mejores retribuciones”.