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Desde UGT Servicios Públicos Castilla y León denuncian la inacción y la falta de voluntad política que se desprenden de los movimientos de la Consejería de Sanidad en torno a la licitación del nuevo contrato del Transporte Sanitario para toda la Comunidad puesto que el 30 de junio la mayor parte del territorio de Castilla y León se quedará sin este servicio de forma reglada, ya que expiran las contrataciones en 7 de las 9 provincias.
De hecho, la organización sindical indica que solo Valladolid y Burgos tienen cubierto el servicio ya que hace unos días se publicó la prórroga de la concesión en dichos territorios hasta noviembre, prórroga que no cabe ya en el resto de provincias en las que la Junta no tendrá más remedio que recurrir a procedimientos de urgencia para contratar el servicio, “con lo que supone de opacidad y falta de control de los mismos, y todo por incapacidad o por directrices políticas que nada tienen que ver con la salud de los ciudadanos”, ha denunciado Holguín.
Por eso, UGT considera “sorprendente que un plan de potenciación del Transporte Sanitario anunciado a bombo y platillo por el anterior Ejecutivo Regional el 9 de diciembre pasado, que fue recortado en inversión (72 millones de euros) y en número de vehículos (59) hace apenas un mes, todavía siga sin plasmarse en un pliego de condiciones y en una licitación”.
Sin embargo, en el último Consejo de Gobierno de la semana pasada, se volvió a aprobar de nuevo el contrato, “con un nuevo baile de cifras en cuanto a los vehículos”, de acuerdo con el representante del sector sanitario de UGT Servicios Públicos que insiste en que “desde 2016 la Junta de Castilla y León sabe que la concesión de este servicio tenía fecha de caducidad y no ha sido capaz de cumplir los trámites para una nueva concesión”. En el mismo sentido, Holguín sostiene que “desde la Consejería, se ha mantenido en todo momento que los plazos se iban a cumplir”.
Y es que esta actitud de la Consejería de Sanidad provoca que las subidas salariales recogidas en el Convenio Colectivo y que estaban ligadas al inicio del nuevo concurso del Transporte Sanitario se retrasen en su aplicación “con lo que la Junta condena una vez más a perpetuar la precariedad en el sector”, denuncian desde el sindicato.
Para Holguín, “es curioso que el vicepresidente sin actividad nombrado por Mañueco se llene la boca etiquetando a sindicatos y patronal de gasto superfluo y hayamos sido precisamente los señalados por él los únicos que hemos cumplido con nuestro papel llegando a la firma de un nuevo Convenio Colectivo bueno para los trabajadores y trabajadoras y para la paz social”.
Pero este procedimiento no solo afecta al personal que desarrolla su trabajo en este servicio, ya que, como indican desde UGT, el retraso en la licitación lleva aparejado también que no se renueve la flota de vehículos con el riesgo que supone para usuarios y trabajadores o que las demoras y los viajes interminables continúen por la falta de ambulancias y de profesionales.
Para terminar, la federación de servicios públicos de UGTCyL ha criticado que “toda esta problemática que se produce cuando se recurre a la privatización de servicios públicos, solo tiene una solución: la internalización del servicio del Transporte Sanitario, con una gestión enteramente pública, eficaz y eficiente, proceso con el que seguiremos comprometidos implicando a todo aquel que defienda lo público desde lo público”.
