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La federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León ha ofrecido hoy una rueda de
prensa en la que han participado Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios
Públicos de Castilla y León, Esther Valdunciel, responsable del sector de educación privada
de UGT SSPP CyL y Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical y coordinador del
Diálogo Social de UGTCyL para explicar la necesidad de establecer el complemento
autonómico para las personas trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo en la
comunidad.
Cabe recordar que, tal y como recoge la página de la JCyL, los Centros Especiales de
Empleo tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios
de ajuste personal y social que requieran los trabajadores con discapacidad. Pretende ser
un medio de integración del mayor número de trabajadores con discapacidad al régimen de
trabajo normal.
De hecho, en Castilla y León, existen, en la actualidad, más de 250 centros de este tipo que
dan servicio a más de 5900 trabajadores. El crecimiento de estos centros se ha
quintuplicado desde su nacimiento en 1997, según la organización sindical, por las ventajas
fiscales y económicas que ofrecen a estas empresas. Estos centros pueden ser de iniciativa
social o con ánimo de lucro.
De acuerdo con Esther Vandulciel, la Consejería de empleo e Industria invirtió el año
pasado más de 30 millones de euros para apoyar el empleo de más de 6000 personas con
discapacidad en la comunidad. La JCyL subvenciona el 50% de los costes salariales de los
trabajadores de estos centros y, además, hay un programa específico de 6 millones de
euros destinado específicamente a financiar los contratos que se hagan a estas personas.
Por ejemplo, en mayo, la Junta convocó una línea de subvenciones para estos centros de
más de un millón de euros con el fin de fomentar la estabilidad en los empleos para
personas con discapacidad. La cuantía de la subvención está entre 900 y 12.020 € por
puesto de trabajo estable. Estas cuantías, en cualquier caso, las perciben las empresas
contratantes. No los trabajadores.
Según UGT, el problema reside en que estos trabajadores, aunque, por un lado tendrían
que tener adaptados los puestos de trabajo porque tienen unas limitaciones reconocidas y,
sin embargo no suele darse esta condición y, por otro lado, estos centros se rigen por un
convenio concreto con una tabla salarial muy baja donde el operario con la escala más
básica, que es la categoría en la que llevan a cabo casi todas las contrataciones “pese a
que muchas veces les correspondería la categoría de técnicos, ni siquiera llega al SMI, por
lo que tienen que añadirles un complemento de salario mínimo para llegar a los mil euros que determina la ley y, por supuesto, si tienen algún complemento de antigüedad, etc, se lo absorbe”.
Y es que las empresas con un número de trabajadores concreto deben tener, al menos, un 2% de con discapacidad en plantilla. El sindicato denuncia que, la mayoría de las veces, ese cupo se cubre a través de estos centros y, aun desarrollando un trabajo igual que el resto de sus compañeros, percibe un salario menor, lo que, en palabras de Tomás Pérez, “no es justo. Al igual trabajo le debería corresponde igual salario”.
Por eso, desde UGT reclaman a la Junta la creación de un complemento autonómico para los trabajadores de estos Centros, siguiendo el modelo implementado en la comunidad de Murcia, “para compensar, no solo a las empresas que hacen de este su negocio, como sucede aquí en Castilla y León, sino, también y sobre todo, a los propios empleados con discapacidad, que son quienes más lo necesitan”.
De hecho, en palabras de Santa Eufemia, “nos parece necesario que se compense fiscal y
económicamente a estos Centros Especiales de Empleo porque su actividad es imprescindible, pero queremos que la JCyL obligue a la empresa a destinar parte de la subvención, que va en aumento, al propio trabajador, que está perdiendo poder adquisitivo cada año”.
Para finalizar, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha sentenciado que “si quieres integrar a un trabajador, lo tienes que integrar con todos los derechos retributivos y salariales. Nosotros creemos que la JCyL no lo está haciendo mal en este sentido, pero podría hacerlo mejor porque los trabajadores están recibiendo la retribución legal, pero no la que merecen y la que es justa”
