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El Gobierno de la nación ha anunciado la suspensión del impuesto de la electricidad del 7% a la generación eléctrica aprobado en 2012 por el gobierno del Partido Popular, con la pretensión de rebajar la factura eléctrica de los ciudadanos, los que ven cómo un artículo de primera necesidad actualmente en todos los hogares sube imparablemente por la voracidad de las empresas eléctricas y el actual sistema de subasta eléctrica que ha llevado a la electricidad española a ser de las más caras de Europa.
Desde UPL no somos insensibles a esta situación que está llevando a muchas familias al dramático dilema entre pagar el recibo de la electricidad o comer, por lo que, si bien nos congratulamos de la actual rebaja, no por ello dejamos de exigir al gobierno del Partido Socialista que estudie la rebaja del IVA que grava la electricidad nada menos que con el IVA del 21%, cuando la electricidad como bien de primera necesidad no debería estar gravado más que con el 4% de IVA reducido, y por otra parte se deben estudiar las medidas correctoras para que la electricidad no encuentre su precio solo en manos de las compañías eléctricas y de unos parámetros de cálculo que se han demostrado insuficientes para la contención del precio final que satisfacen los consumidores.
Por otra parte la propia ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, anunció recientemente que se prorroga hasta octubre la posibilidad de solicitar el ‘bono social de la luz’, constatando que muchas de las familias que podían solicitarlo todavía no lo han hecho hasta la fecha, muy probablemente por falta de información y de las posibilidades de su obtención y, sobre todo, porque no se sabe ni tan siquiera a dónde dirigirse para la solicitud de tales ayudas, por lo que desde UPL solicitamos que en la concatenación y solapamiento de administraciones se llegue a un consenso entre Ayuntamiento, Junta de C. y León y los ministerios para la creación en las capitales de provincia y ciudades importantes de una oficina única de atención al ciudadano donde se informe y se puedan presentar las solicitudes para cualquier tipo de ayuda, sea municipal, autonómica o estatal de cualquier naturaleza y que así evite a los ciudadanos un peregrinar por administraciones para conseguir una ayuda.
