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Tras el acuerdo alcanzado ayer entre Parlamento, Consejo y Comisión Europea sobre el Certificado COVID Digital de la UE la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide a los negociadores de la UE que aclaren los detalles del acuerdo. OCU considera que se incluido algunas mejoras en la asequibilidad de las pruebas y la limitación de la capacidad de los Estados miembro para imponer requisitos adicionales pero lamenta que no se haya mantenido la gratuidad de las pruebas y advierte contra la falta de compromisos vinculantes.
OCU valora positivamente la capacidad de los negociadores de la UE para llegar a un acuerdo sobre la propuesta del Certificado Verde Digital, que pronto pasará a llamarse Certificado COVID Digital de la UE. El Parlamento Europeo ha luchado incansablemente para que las preocupaciones de los consumidores se tengan en cuenta en el acuerdo. Aunque aún no se ha hecho público el marco regulatorio, los primeros informes del compromiso de ayer muestran algunas mejoras para convertir el nuevo certificado en una herramienta para facilitar la libre circulación durante el verano.
OCU lamenta que, a pesar de un claro impulso del Parlamento Europeo, los Estados miembros no llegaran a un acuerdo sobre la gratuidad de las pruebas. Los precios actuales de las pruebas de PCR hacen que un viaje familiar por Europa sea inasequible y crea discriminación entre los ciudadanos que han tenido acceso a una vacuna gratuita y los que no han tenido esa oportunidad.
El compromiso con la asequibilidad de las pruebas sigue siendo vago en esta etapa. OCU considera positiva la propuesta de movilizar 100 millones de euros de fondos de la UE para respaldar la asequibilidad de estas pruebas. Sin embargo, la Organización muestra su preocupación sobre los efectos prácticos de esa medida para los consumidores.
Teniendo en cuenta cuánto cuestan las pruebas de PCR y que hay unos 500 millones de europeos, caben serias dudas acerca de cuánto costarán o si se ampliará este plan más allá de los “ciudadanos más necesitados” (trabajadores transfronterizos, estudiantes, personas que vistan a familiares que necesitan cuidados, etc.)
La libre autonomía requerida por de los Estados miembro sobre el coste de las pruebas, hace que dependa de ellos garantizar el acceso a pruebas asequibles para todos los ciudadanos.
OCU ya ha abogado anteriormente por evitar una situación en la que los Estados miembros tengan la libertad de añadir requisitos unilaterales además de lo que ya prevé el Certificado de la UE. De lo contrario, esto socavaría la tan necesaria eficacia del nuevo Certificado. Por tanto, OCU acoge con satisfacción el hecho de que los negociadores de la UE acordaron ayer que los Estados miembros «se abstendrán» de añadir tales restricciones a menos que sea por motivos de salud pública y siempre atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad.
Aún quedan varios puntos por aclarar, como son la confusión en la redacción de las pruebas de antígenos y las pruebas rápidas.
Las diferentes comparecencias realizadas hasta el momento no dejan claro si las pruebas de antígeno se permitirían como prueba válida en virtud del Certificado. Por lo general, son más baratas que las pruebas de PCR y, por lo tanto, serían importantes para garantizar una verdadera libre circulación.
No queda claro lo que ocurre con los menores, no queda resulta la duda de si los menores necesitarán también el certificado para viajar y si es así a partir de qué edad. Esto tendría un impacto económico significativo especialmente en las familias con niños.
Tras las diferentes comparecencias desde que se hizo publico el acuerdo y a la espera de la confirmación por escrito de lo acordado, OCU solicita:
● Asegurar la gratuidad de las pruebas para evitar discriminar a los no vacunados.
● Abstenerse efectivamente de agregar requisitos adicionales al Certificado COVID de la UE para evitar frustrar su propósito.
Estas preocupaciones son compartidas por la mayoría de los ciudadanos como ha demostrado nuestra encuesta reciente. Por ello, OCU seguirá de cerca las acciones que pongan en marcha los gobiernos que los ciudadanos recuperen su derecho a moverse libremente por Europa.
OCU considera el acuerdo una clara mejora. Sin embargo, dado que esta disposición no es jurídicamente vinculante, OCU solicita a los Estados miembro que se adhieran a este compromiso.
