El área de salud de Izquierda Unida no esta de acuerdo con la medidas de la actual Consejera de Sanidad

Estas políticas suponen en riesgo evidente ya no de ampliar plantilla, sino cubrir la tasa de reposición por el éxodo de personal a otras CCAA o a otros países” manifiestan.

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Según el área de salud de Izquierda Unida, cuando la actual Consejera de Sanidad se manifestaba por la Sanidad Pública lo hacía pidiendo una buena y suficiente Atención Primaria, pero no está aplicando las medidas que entonces defendía. Entendemos que las nuevas medidas anunciadas solamente busca “ahorrar dinero” al SACYL, en la forma de no potenciar la contratación de médicos especialistas en Atención Primaria. Verónica Casado anunció en Zamora. Y ayer en Cortes,  su intención de centralizar la atención médica en determinados centros de referencia, aunque sin cerrar ningún consultorio local, que sería atendido por enfermería, con la asistencia de personal médico.

Para IU, esta propuesta supone un castigo a las comarcas más vaciadas, despobladas y envejecidas de nuestra Comunidad, y según fuentes del SACYL, ya hay zonas designadas en varias provincias de Castilla y León para “empezar a funcionar con este sistema lo antes posible”. Según Francisco Javier Herrero, secretario de organización de IU Salamanca y miembro del área de salud de IUCyL, en Salamanca todavía no se ha delimitado un área concreta, pero fuentes de Sacyl aclaran que “se suelen escoger las zonas básicas de salud más problemáticas” y ya han declarado que en Salamanca empezarían por “Béjar rural, porque es de las más complicadas y donde más problemas de coberturas se registran”.

Para el área de salud de IUCyL, este hecho constituye una flagrante violación de los DDHH de la población rural y piden que la Consejera de Sanidad, Igea y Mitadiel, dejen de “jugar a los gestores” con la Salud de nuestra población y pongan, de una vez, en el centro, las necesidades de la población. La medida carga la responsabilidad del diagnóstico precoz en el personal de Enfermería, personal harto preparado, lógicamente para sus funciones y responsabilidades, entre las que no se cuenta diagnosticar a los pacientes, o valorar si éstos han de visitar a un médico o no.

Carmen Franganillo, portavoz del área de salud de IUCyL, declara que, además, y dado el envejecimiento de la población que elevó en un 30% en 2018 la atención médica a domicilio, se hace necesario mejorar este servicio, ligado siempre a la enfermería, pero también a la medicina de familia, imprescindible para una atención integral.

Las cifras de junio sobre listas de espera certificaron ya el incumplimiento del objetivo de reducir a 22500 los pacientes en espera quirúrgica en 2019. A esto hay que sumar los datos ocultos sobre las listas de espera que han ido saliendo a la luz. El hecho de que Igea acepte que existen no debemos confundirlo con la voluntad de defender nuestra Sanidad Pública, sino que nos están preparando para acabar ofreciendo la mágica solución para todo de las derechas: La privatización, una trampa que nos disfraza de eficiencia lo que resulta ser una fórmula más cara que sirve para enriquecer a algunos empresarios, que acabamos pagando con nuestros impuestos y que no garantiza una sanidad de calidad. Por si fuera poco, el procurador de ‘por Ávila’, Pedro José Pascual, reconoció que ha “manejado y manipulado” listas de espera, y que se hace “en todos los sitios”, declaraciones que según IU no sorprenden, pero sí muestran con crudeza la realidad de nuestra sanidad

Carmen Franganillo explica que las anteriores declaraciones de Igea poniendo en tela de juicio la profesionalidad del personal médico son graves e irresponsables, insinuando que debería medirse su rendimiento y demostrando un grave desconocimiento de los derechos sindicales y de cómo se mide el rendimiento del sistema sanitario. “Y mientras Igea realiza estas peligrosas declaraciones, sigue sin solucionarse el problema de la precariedad laboral de nuestros profesionales, que en muchas ocasiones concatenan contratos eventuales de forma ridícula, o del personal de área, que supone una discriminación de unos profesionales frente al resto o de las TCAE, personal que actualmente busca un reconocimiento a su labor con el reconocimiento de su categoría laboral, y con las que IUCyL ha mantenido reuniones este verano. Estas políticas suponen en riesgo evidente ya no de ampliar plantilla, sino cubrir la tasa de reposición por el éxodo de personal a otras CCAA o a otros países.”