Se recogen firmas contra la subida del agua en San Andrés

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Periódico de León Digital / Ahora León / firmas / Imagen: S. Arén

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo ya tiene por encima de 1.700 firmas contra la subida del agua, de la que ha estado informando en las mesas y asambleas que ha organizado esta semana para explicar las consecuencias que tiene para la ciudadanía esta subida del agua y las razones que han llevado a esta decisión política por parte del equipo de gobierno con el apoyo de los otros partidos políticos, excepto Izquierda Unida.

Esta subida del 75% tiene su origen en el Acuerdo alcanzado, en septiembre de 2010, entre el equipo de gobierno del PSOE, que presidía la Sra. Gancedo, y la empresa concesionaria. Este acuerdo, además de la subida, prolongaba otros 15 años la privatización del agua que en 1996 había hecho el PP.

Este acuerdo ha sido denunciado por Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo en los tribunales. Motivo por el cual la señora alcaldesa se encuentra investigada (antes imputada) por un presunto delito de prevaricación.

Además, Izquierda Unida ha pedido ante el Ayuntamiento la nulidad de dicho Acuerdo, pues solo anulando ese Acuerdo de septiembre de 2010 se evitaría esta subida tan abusiva. Ya que PP, Ciudadanos y UPL no han querido oponerse a la subida del PSOE-PAL en el pleno del pasado 27 de octubre de 2016.

Porque, al final, los paganos de este bipartidismo, con sus privatizaciones y sus deudas, somos los vecinos y vecinas. La ciudadanía.

Por eso Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo apuesta por remunicipalizar un bien esencial como es el agua. Para Izquierda Unida la gestión de este bien esencial, tan escaso y valioso, solo puede ser realizada desde el servicio público y bajo control democrático de la ciudadanía.

Fue el gobierno de coalición entre el Partido Popular y dos concejales de la UPL, en San Andrés, quienes aprobaron la primera privatización del agua en noviembre de 1996. Izquierda Unida se opuso rotundamente y luchó decididamente en contra de esta privatización. El PSOE también se manifestó en contra y Miguel Martínez prometió que en cuanto accediera a la alcaldía remunicipalizaría el servicio. Lo cual fue su primer incumplimiento. Pues al poco tiempo, a mitad de esa misma legislatura, cuando consiguió la mayoría, se olvidó por completo de su promesa y de las movilizaciones que había protagonizado.

Por eso Izquierda Unida considera que los vecinos y vecinas no pueden pagar ya más: subida del agua, subida de la electricidad, subida de tasas e impuestos, pago y subida de los medicamentos.

El agua es un bien público fundamental, de los más fundamentales para la vida y debe ser controlada desde la gestión pública, cuyo objetivo es el bien común, no el beneficio económico.